Soplan vientos de cambio, intensos en algunas áreas de la organización institucional del país. Y las ráfagas exponen situaciones que demandan correcciones y, con certeza, una atención y control que debieran ser permanentes.
Importante
Nuevamente el Gobernador de la Provincia informó que en la apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura presentará el proyecto de reforma constitucional. Y destacó la clave del debate que viene: no es un tema urgente.
Opinión 31/03/2020Ya hubo un tiempo de reflexión en torno de esta decisión. Fue el que se tomó el mandatario para determinar si mantenía lo que es un compromiso de campaña electoral. En la vorágine con la que encaró las emergencias vigentes en Salta –tanto la sociosanitaria consecuente con la pobreza de Orán, San Martín y Rivadavia y la que genera la pandemia del coronavirus- encontró el momento para consultar si era pertinente en las actuales circunstancias promover un debate institucional de esa naturaleza. En principio, las razones de la decisión adoptada no son tan enjundiosas como el resultado; es que el mandatario priorizó la palabra empeñada en otro contexto y dejó en pie incluirlo en el mensaje sobre el estado de situación de la Provincia, que precisamente la Constitución de la Provincia manda a presentar cada 1 de abril.
El problema que genera el COVID-19 es de una envergadura todavía indeterminada a un cuatrimestre de su irrupción en el planeta. Todos los países del mundo están ensayando cómo enfrentarlo, mientras tratan de contener su impacto en vidas y en deterioro económico.
Argentina no es la excepción y obviamente que Salta no está fuera de tal batalla, pero con menos armas y escasas posibilidades de trazar estrategias propias. De manera paralela a la atención de la problemática sanitaria, el gobierno debe atender la cuestión económica condicionada por la necesidad de reestructuración de la elevada deuda pública, de reorganización de los gastos del Estado, tratando de mantener cierto equilibrio fiscal.
Esas urgencias no deben cerrar el camino hacia decisiones para el largo plazo. En definitiva, lo que hará el gobernador este miércoles es poner en marcha un proceso en el que la responsabilidad de llevarlo adelante es de las Cámaras de Diputados y Senadores.
La decisión de no abandonar la pretensión de reformar la Constitución ya tiene un antecedente. El 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, su par chaqueño Jorge Capitanich ratificó un proyecto que había presentado su antecesor el año pasado y pidió una reforma constitucional austera, concreta, con amplio consenso político, económico y social e inspirada en los mejores ideales. Los ejes presentados son similares a los que seguramente alentará la reforma salteña como, por ejemplo, poner fin a las reelecciones indefinidas para todos los cargos electivos. Vale también destacar que hay otras provincias, como Mendoza y Santa Fe, que avanzan en iniciativas similares.
La Asamblea Legislativa de mañana pondrá a prueba las herramientas que la tecnología facilita para que se cumplan las obligaciones de gobierno según manda la Constitución. Es que el mensaje del Gobernador se hará on line.
Similar mecanismo seguramente se tornará cotidiano en el ámbito legislativo provincial, como ya está sucediendo en el Congreso de la Nación. Y es de esperar que lo actuado hasta el momento y la cuarentena que está en desarrollo permita que la pandemia se supere y se recupere la normalidad. En tanto, puede avanzar un debate profundo, sereno, de posiciones razonables y bien fundadas para determinar si se declara la necesidad de una reforma y se convoca a una asamblea constituyente.
Hoy no pareciera ser un tema urgente pero siempre será importante. Merece un debate sin apuros.
Salta, 31 de marzo de 2020
Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
Vivimos tiempos de cambios. Esta frase tan utilizada a lo largo de la historia encuentra contundente sentido en la actualidad.
En la misma medida que se acortan los plazos se intensifican las negociaciones para ordenar las relaciones entre Nación y Provincias, en base a vínculos razonables. La ley de Bases es la plataforma para definir el Pacto de Mayo que configurará el marco político de los próximos cuatro años.
Comenzó el pago de haberes en la administración pública. Es un hecho ordinario que, sin embargo, tiene un peso político significativo porque en su cumplimiento se refleja la salud financiera del Gobierno Provincial.
No cierra bien la novena semana del nuevo gobierno nacional. La conducción económica dice que todo lo planeado está ocurriendo pero las provincias denuncian retrocesos significativos en sus economías. Los vínculos entre la Presidencia y los gobernadores están resentidos; con el Congreso, tampoco son buenos.
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En un documento dieron el ultimátum hasta el viernes. Insisten con la actualización del precio del kilómetro.
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