Derrota

Opinion 04 de octubre de 2019
Con excepción de Salta y dos distritos muy importantes –como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- el resto del país ya tiene definidas sus autoridades; en algunos casos, fueron reelectos sus mandatarios y en la mayoría, los oficialismos se aseguraron su continuidad.
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Las provincias que militan en la oposición están ocupadas en sostener el delicado equilibrio de sus cuentas y la principal batalla se dirime en la Justicia, ante la que un grupo de quince gobernadores -peronistas y de fuerzas provinciales- se presentó para plantear la inconstitucionalidad de decretos presidenciales. La Corte Suprema ya hizo lugar a un amparo para frenar la afectación de la coparticipación, como resultado de un paquete de  medidas dispuesto por el Gobierno Nacional, que incluyeron la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica. El fallo se conoció esta semana y generó dos movimientos que han tensado en extremo la relación entre las demandantes y el gobierno central.

Por un lado, el Gobierno le pidió al Tribunal  la convocatoria a una audiencia pública con gobernadores y una aclaración  del fallo que obliga a la Nación a compensar a las Provincias por la quita del IVA en alimentos y por las sumas devueltas a empleados por el Impuesto a las Ganancias. El Ejecutivo le solicita a la Corte que aclare cómo debe realizarse esa compensación y pretenden un ámbito de negociación con los delegados de todas las gobernaciones.

Los mandatarios, con el fallo en la mano, no están dispuestos a ninguna negociación que mengüe su logro. De allí la reunión de Ministros de Economía y Fiscales de Estado del próximo martes en la Comisión Federal de Impuestos, la que fue convocada al solo efecto de determinar el monto de la compensación que debe recibir cada distrito. Con ese dato, el otro paso es preparar un documento sobre el acuerdo para elevarlos al Ejecutivo y al Poder Judicial.

En plena puja electoral, no es fácil encontrar un ámbito de negociación adecuado en el que un acuerdo no se interprete como una derrota. Las autoridades provinciales pretende cerrar una cifra para calibrar el volumen del reclamo y el nacional, dilatar la resolución de la cuestión, que no tolera que quede solo en manos del gobierno de Mauricio Macri el costo, por ejemplo, de la rebaja del IVA en productos básicos. Esa cifra es de casi 5.700 millones de pesos.

Esto sucede a pocos días que se conozca al próximo gobierno, que es en definitiva el que deberá pagar el costo de un pacto con los reclamantes o de una decisión de la Corte si no hay acuerdos de partes. Los negociadores de las provincias han aclarado que no hay mucho para discutir. Es un fallo que debe aplicarse sin más discusiones.

Una última dificultad tiene que ver con que seguramente todos los distritos que no demandaron a Nación ya han expresado su interés en verse alcanzados por los beneficios generados en el fallo de la Corte. Por ello es que han comenzado a relacionarse con los encargados de determinar cuál es el monto que debe reponerse a las arcas provinciales.

Los planos de negociación son diferentes por la posición de quienes participan de la discusión. Los gobernadores no tienen incertidumbres porque los que no fueron reelectos no han sido derrotados sino que por cuestiones constitucionales o políticos terminarán su mandato el 10 de diciembre, sin retorno. Uno de los reclamantes es Juan Manuel Urtubey, que cierra un ciclo de 12 años y en la cuestión solo tiene para ganar.

Debilitados por una eventual e inminente derrota electoral, los habitantes de la Casa Rosada tienen todo para perder en este caso.

Salta, 04 de octubre de 2019

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