Reforma

Opinion 02 de octubre de 2019
En pleno desarrollo de dos campañas electorales en la Provincia se han escuchado voces que reclaman una reforma del sistema político de Salta. Por el énfasis que los demandantes ponen en la cuestión podría ubicársela en la lista de prioridades a atender apenas se integre el nuevo gobierno.
constitucion de salta

El dato relevante es la existencia de casi un centenar de partidos y agrupaciones municipales, número que permite que casi 16 mil personas estén volcadas intensamente en estos momentos a convencer al electorado que son las mejores para cubrir unos 400 cargos electivos. Ciento 37 ciudadanos que pretenden sentarse en 11 bancas del Senado que se renuevan y mil uno para 30 escaños en Diputados, dan cuenta de la desmesura del sistema.

Días atrás, el diputado nacional Pablo Kosiner destacó la necesidad de una profunda discusión, considerando que después de las elecciones nacionales quedará un mapa electoral que habrá que interpretar y para facilitar la aparición de nuevos protagonistas. Fue categórico al reconocer que no puede ser que en Salta haya 90 maneras distintas de pensar.

A esa voz se sumó la de Mario Ernesto Peña, pre candidato a diputado provincia por el saencismo, quien pertenece a una camada dirigencial que intenta transitar el campo político con nuevas ideas. Para ello se hace evidente la necesidad de otras estructuras y prácticas que las contenga.

En este caso, la propuesta es incluir en la discusión el funcionamiento de los partidos, especialmente las condiciones de su creación y funcionamiento. Estas instituciones tienen un mandato constitucional claro y excluyente en cada proceso electoral y en la vida cívica, juega un rol fundamental en la formación ciudadana. Frente a  esos deberes, no debieran extremarse los condicionamientos para su integración. Pero frente al desborde del sistema, sí deben revisarse las exigencias.

La ley 6042, de Organización de Partidos Políticos Provinciales y sus modificaciones, establece un piso de afiliaciones para lograr el  reconocimiento de una agrupación para actuar como partido político o agrupación municipal. Y ese número desvela a Peña, porque quizás allí está el comienzo de la distorsión que pone en tela de juicio la legitimidad de muchas de estas entidades, que en no pocos casos solo operan cumpliendo obligaciones administrativas para no perder personería y estar disponibles en cada proceso electoral para diversos fines. Algunos dirigentes señalaron que pueden alquilarse para lograr una participación vedada de cualquier otra manera.

El artículo 11 de la referida ley establece que el reconocimiento definitivo será obtenido al acreditar la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el Registro de Electores de la Provincia o del Municipio respectivo. Para el caso provincial ese número alcanza apenas los 4.132 ciudadanos.

Y es la misma exigencia que estable la ley nacional 23.298, que prevé la existencia de partidos de distritos y partidos nacionales, siendo los primeros aquellos que alcanzan la personalidad jurídico-política para actuar exclusivamente en el distrito en el que es reconocido como tal. La afiliación exigible alcanza el mismo número de electores.

La de este domingo será la primera instancia para ordenar las propuestas entre las que podrán elegir los ciudadanos. Todo indica que, pese a la boleta electrónica y la práctica previa, las primarias serán complejas para los electores.

Salta, 02 de octubre de 2019

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