Proyectos

Opinion 01 de agosto de 2019
Senadores oficialistas se reunieron ayer con miembros de la Auditoría General. Esa cámara tiene en análisis un proyecto de ley de administración financiera, que revela el interés de una gestión por dejar un sector público ordenado, no solo desde el punto de vista de las cuentas.
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Lejos de la imagen deslucida que dio el Ejecutivo durante el conflicto docente, al demorar un acuerdo con concesiones por goteo, el gobernador Juan Manuel Urtubey, al cierre de tres mandatos, mantiene una fuerte influencia en el ámbito legislativo. Es así que en ambas cámaras aún logra sanciones que, al menos, hacían suponer un debate profundo y confrontativo.

En cada bloque de Diputados y el Senado se notan los movimientos que van generando los alineamientos con vistas a las elecciones provinciales. Especialmente ha sido impactada la bancada justicialista en cada cámara, con alejamientos inesperados como la decisión del senador de Anta de abandonar la pertenencia y, por ende, la presidencia del oficialismo para pasar a militar en la oposición kirchnerista, que no tenía una versión en ese cuerpo. También queda para el análisis el destino de otro legislador empinado, el justicialista Lucas Godoy quien, en sus dos mandatos, fue uno de los voceros más importantes del urtubeismo y para las PASO nacionales es candidato del Frente de Todos, que lidera una de las opositoras más fuertes del mandatario salteño y precandidato presidencial de Consenso Federal.

Las alternativas electorales no han hecho mella en el predicamento de Urtubey que el martes pasado obtuvo una contundente mayoría para la aprobación de una ley de promoción del desarrollo minero de la Provincia. Hay otras iniciativas que pasarían por la Legislatura, según se anunció en junio último.  Una de ellas es un proyecto para actualizar la regulación de loteos y otra, para la protección de bienes paisajísticos y culturales de interés turístico, como como la Garganta del Diablo o los graneros de La Poma.

Respecto del proyecto de ley de Administración Financiera, no es una cuestión menor. La mayoría de las provincias y la Nación cuentan con un instrumento que organiza el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

La administración en Salta está ordenada por una ley de Contabilidad de vieja data y que contiene varias modificaciones. La iniciativa que trata el Senado ha sido calificada como de gran complejidad por lo que están realizándose consultas a distintos sectores vinculados a la problemática.

Bien podría tratarse de otra ley que se proponga desde una nueva administración que va a surgir de los comicios del 10 de noviembre próximo. De todas maneras, parapetados detrás de la continuidad institucional, se va avanzar en una norma que esperaba ser aprobada en el último cuarto de siglo.

Una nueva ley de administración financiera forma parte de propuestas que esperan el tratamiento legislativo y que apuntan a concretar la participación social, asegurando a la ciudadanía una información amplia, oportuna y confiable sobre todas las cuestiones públicas. El proyecto en cuestión concurre de alguna forma a lograr ese objetivo.

No son los tiempos electorales los mejores para este tipo de debate pero tampoco sirve seguir postergando el tratamiento de cuestiones fundamentales. Todo lo que se necesita es una ciudadanía atenta.

Salta, 01 de agosto de 2019

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