Retroceso

Opinion 31 de julio de 2019
Los reparos que en 2013 generaba la adhesión de la Provincia al artículo 34 de la ley nacional de desfederalización del microtráfico de drogas, se han corporizado en un reclamo que traspasa gestiones nacionales y parece que va a superar el actual mandato provincial. El temor a que la decisión impacte negativamente en la prestación del servicio penitenciario es hoy una realidad como así también un peregrinaje que está acabando con la paciencia de los funcionarios salteños.
carcel-hacinados

En las últimas horas ha quedado justificada la calificación que su par provincial endilgó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Germán Garavano calificó como “una cuestión política” el reclamo que está haciendo el Gobierno provincial por fondos que la Nación le adeuda para afrontar la lucha contra el microtráfico de drogas y mantenimiento de los detenidos por ese delito. El exabrupto del funcionario nacional llevó a que Marcelo López Arias considerara que es poco serio. Chanta e hipócrita fueron calificativos que mereció Garavano por su actitud evasiva frente a un flagrante incumplimiento del gobierno de Mauricio Macri.

Hay que recorrer el camino transitado por la desfederalización del microtráfico para entender que una decisión que favoreció esa lucha, está impactando con dureza en su financiamiento, ya que todo el peso cae sobre las arcas provinciales. Ese no es el acuerdo que diseña la legislación vigente.

La ley Nº 26.052, sancionada en 2005, introdujo importantes cambios en la Ley de Estupefacientes, vigente para todo el territorio nacional desde el octubre de 1989. Las modificaciones más importantes condicionaron la competencia material y territorial para ciertas figuras, como las que describen a quien comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Reconoce que los delitos previstos y penados por esta ley son de competencia de la Justicia Federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia. Además, estableció un sistema de transferencias proporcionales de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la desfederalización.

En 2013 la Provincia adhirió artículo 34 de la ley de estupefacientes y en su primer año de aplicación se registraron casi 2.000 actuaciones por microtráfico,  con 200 juicios y 120 condenados. Ese éxito es hoy un esfuerzo financiero que no solo debilita las acciones de represión y combate sino que impide mejorar la infraestructura penitenciaria, rebasada por los presos federales.

La deuda, negada por el ministro Gravanago, asciende a unos 500 millones de pesos y representa también la declaración de incapacidad de cumplir compromisos asumidos por el Ejecutivo Nacional de construir una cárcel a modo de compensación. Todas las jurisdicciones que se hicieron cargo de la lucha contra el microtráfico mostraron su eficiencia que se expresa en una reducción de un 80% en el fuero federal de las causas por menudeo, según la Procuraduría de Narcocriminalidad.

La desigual relación Nación-Provincia, deja solamente expedito el camino de la vía judicial. Es un lamentable retroceso.

Salta, 31 de julio de 2019

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