Dadivosidad  

Opinion 28 de junio de 2019
La Cámara de Senadores pasó a receso por dos semanas no sin antes aprobar una donación de las que fueron frecuentes durante los últimos doce años. Se trata de la cesión a favor del Arzobispado de Salta de un inmueble en La Candelaria, con el cargo de ser destinado exclusivamente al funcionamiento de una casa de encuentros y a la realización de tareas solidarias y sociales, por parte de la parroquia de esa localidad, en beneficio de la comunidad.
urtubey cargnello

El gobernador Juan Manuel Urtubey ha sido muy generoso con la Iglesia Católica salteña, a la que le transfirió bienes muy valiosos mediante el aval de la Legislatura Provincial, ámbito en el que no se manifestó demasiada oposición. Solo el Partido Obrero se empeñó en poner límites a la prodigalidad del mandatario, sin mayores resultados.

Mediante pedidos de informes y otros recursos, el PO acopió datos para llegar a la conclusión que en la provincia hay 215 inmuebles a nombre del Arzobispado o de órdenes religiosas y estimaron que estas propiedades alcanzan un valor de $14 mil millones. También indicó que al menos 100 de las propiedades que tiene, las recibió de manos del Estado desde la época de la dictadura militar en adelante.

Tan solo en esta última década, incluso terrenos del IPV se entregaron a esa institución generando polémicas porque se llegó a dejar sin predio para escuela pública a barrios populares como los que construye el organismo oficial. También generó inquietud que se haya entregado en donación un inmueble en el que durante décadas funcionó un hospicio. Si bien la actividad declarada es la de recuperación de adictos, se trata de un negocio que ofrece servicios onerosos. En tanto, un nuevo modelo de prestación de salud mental dejó sin cobijo a personas que no tienen un lugar apropiado para la atención de sus patologías, cuestión que se está tratando en el ámbito judicial.

En el marco de una movilización incipiente para separar la Iglesia del Estado se inscribieron algunas iniciativas, cuyo tratamiento no tiene la misma consideración. Es así que un proyecto de ley para modificar el Código Fiscal y obligar a esa institución a pagar impuestos no se debatió y seguramente su destino será el olvido, por lo menos hasta la próxima reforma legislativa. Asimismo, la posibilidad que se torne obligatoria la eliminación de símbolos religiosos en edificios públicos solo alteró los nervios de algún sector político de raigambre católica y seguramente no tendrá mayor atención en medio de un proceso electoral.

Tampoco hay respuestas a los pedidos de informe sobre los subsidios a colegios de ese credo. Según un cálculo en base a lo que el Estado aporta a la educación privada, la mayor parte confesional, obliga a cada familia a aportar más de 3 mil pesos anuales aunque no sea usuaria de ese sistema.

La decisión de ayer del Senado no ha considerado lo dispuesto por la Ley 8091, a través de la cual la Provincia de Salta adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno establecido por Ley Nacional.  Esa norma contiene un artículo interesante que desactiva los excesos en el gasto público que suele acompañar el fin de mandato. Se trata del Artículo 15 bis que, entre otras exigencias, impone que durante los dos  últimos trimestres del año de fin de mandato, queda prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique la donación o venta de activos fijos.

Más allá de las buenas intenciones de quienes promueven la cesión de bienes públicos a la Iglesia, la dadivosidad no puede trasponer los límites legales.

 

Salta, 28 de junio de 2019

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