Analizan el contenido del celular del contratista de Adorni y pedirán justificación patrimonial

La investigación judicial sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó en los últimos días dos movimientos relevantes. Por un lado, ya fue extraída y descargada la totalidad del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las obras en distintas propiedades del jefe de Gabinete. Por otro, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la preparación de un requerimiento de justificación patrimonial para que Adorni explique una serie de movimientos económicos que considera sin consistencia suficiente.

Los investigadores realizaron una extracción completa del celular de Tabar y ya cuentan con todo el material descargado para su análisis. En ese dispositivo figuran conversaciones relacionadas con las obras, además de documentación vinculada a compras y facturas.

Todo ese material ya se encuentra bajo análisis judicial y forma parte de las medidas impulsadas en el expediente que investiga el crecimiento patrimonial del funcionario.

En paralelo, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial que será presentado independientemente de otros elementos de prueba que todavía espera la causa. La medida apunta a solicitar explicaciones sobre distintos movimientos económicos que el representante del Ministerio Público considera que podrían tener inconsistencias.

Para que el requerimiento se lleve adelante primero la fiscalía debe recibir el informe de la DAFI. Allí terminará de ver los números finos del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que el requerimiento se hará de cualquiera manera, ya que se detectaron inconsistencias vinculadas a pagos en negro.

Entre los aspectos que busca aclarar la fiscalía aparecen gastos que habrían sido realizados en efectivo. Según la información incorporada al expediente, se trata de desembolsos vinculados a un viaje a Aruba, pagos efectuados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko y cuotas abonadas a mujeres policías que participaron de una operación hipotecaria en el departamento de la calle Asamblea.

Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que este requerimiento funciona como un pedido formal de explicaciones sobre el origen y la trazabilidad de determinados fondos. La medida se encuentra en preparación y avanzará una vez que arribe el informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que aún no fue incorporado al expediente, como de la declaración jurada que Adorni prevé presentar ante la Oficina Anticorrupción.

Si las explicaciones de Adorni convencen, será sobreseído. De lo contrario se lo imputará y será llamado a indagatoria.

La novedad se conoce mientras el Gobierno asegura que la declaración jurada del jefe de Gabinete será presentada esta semana. En la Casa Rosada sostienen que el documento está siendo revisado antes de su envío formal y confían en que permitirá responder los cuestionamientos que se acumularon durante los últimos meses sobre la evolución patrimonial del funcionario.

El tema se encuentra bajo observación desde hace más de tres meses. A principios de mayo, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de Adorni. “Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio”, afirmó entonces el mandatario.

La declaración ante la Oficina Anticorrupción deberá incluir explicaciones sobre la capacidad económica del funcionario para afrontar compromisos que, entre gastos y deudas, superarían los 725 mil dólares. Esa cifra comprende la compra y refacción de dos propiedades (un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá), además de viajes familiares y la adquisición de una camioneta, entre otros desembolsos.

La situación judicial de Adorni también se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo. Semanas atrás trascendió que el magistrado evaluaba convocarlo a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio.

Actualmente, Lijo tiene a su cargo dos expedientes vinculados al jefe de Gabinete. Uno de ellos investiga la evolución de su patrimonio, mientras que el otro analiza su relación con Marcelo Grandio, un periodista amigo del funcionario que obtuvo contratos con el Estado y que pagó un viaje en jet privado a Punta del Este utilizado por Adorni y su familia.

TN