Confirman la condena para los policías torturadores de Güemes

Judiciales 02 de septiembre de 2018
Los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación confirmaron la condena de los policías que en 2011, torturaron a dos detenidos que fueron desnudados, mojados, golpeados, obligados a arrodillarse y asfixiados con la bolsa en la cabeza, llegando incluso a taparles la boca y la nariz por encima de la bolsa para evitar el ingreso de aire.
TORTURAS GRAL GUEMES

Los hechos mencionados ocurrieron en el interior de la comisaría 11 de General Güemes y fueron divulgados mediante un video grabado durante la sesión de tortura.

Los jueces Ruben Arias Nallar y Pablo Mariño no hicieron lugar a a los recursos de casación de las defensas y ratificaron las condenas en primera instancia.

En abril de 2016, los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio condenaron a Marcos Gabriel Gordillo a la pena de doce años de prisión de ejecución efectiva, por encontrarlo culpable del delito de imposición de torturas.

A Héctor Raúl Gabriel Ramírez, Leonardo Esteban Serrano y Matías Eduardo Cruz los condenaron a la pena de once años de prisión de ejecución efectiva, por encontrarlo culpables del delito de imposición de torturas. Y Roberto Augusto Barrionuevo fue condenado a tres años de prisión condicional por ser culpable del delito de omisión de denuncia del delito de tortura.

También se impuso a los imputados la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de la función pública.

Uno de los aspectos cuestionados en la casación fue la validez del video. “Este video no violenta la garantía contra la incriminación ni necesita orden judicial al haber sido realizada voluntariamente por uno de los imputados, en ejercicio de la función pública en el ámbito de su trabajo por lo que ninguna expectativa de privacidad se encontraba en juego”, dijeron los jueces y descartaron “por absurdo que se trate de puesta en escena o ficción o el resultado de un ensamble”.

En cuanto a los hechos, citaron los jueces el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que le dio rango constitucional a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, rubricada por el Gobierno Argentino el 4 de febrero de 1985 y ratificada en nuestro país mediante la ley 23.338.

Dicha Convención define en su artículo 1, a la “tortura" como “…todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Y, además, se apoyaron en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice que “…toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.

Por pertenecer a la Policía, los condenados “estaban obligados precisamente no solo a no mortificarlos ni torturarlos sino que tienen el deber de impedir que sean sometidos a tales actos.”

Esto excluye la posibilidad de ampararse en el cumplimiento de una orden evidentemente incompatible con aquel deber que pesa sobre cada uno de ellos.

“El evento bajo análisis resulta de especial importancia, puesto que ha sido perpetrado por agentes policiales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).

Así, estas acciones u omisiones de funcionarios públicos que vulneran los derechos consagrados en instrumentos internacionales, importan el tratamiento en términos de violación de derechos humanos. De tal suerte, aparece la necesidad de remarcar los hechos acaecidos de tal temperamento, pues -caso contrario estarían llamados a acarrear eventual responsabilidad internacional”, marcaron los jueces.

Te puede interesar