Convocatoria

Presentado el 1 de marzo como un nuevo contrato social, se trata de la enumeración de un conjunto de políticas de Estado “que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad”, según lo describió el mandatario libertario. Luego de una arrogante presentación, la propuesta quedó arrumbada mientras decaía el ímpetu de la ley de Bases. Más de cien días después, ley y Pacto están de pie.

Mientras se acerca el momento de la sanción de dos leyes importantes para la gestión del gobierno nacional, tiene fecha la firma del acuerdo. Será el próximo 9 de julio, cuando el país celebre el 208 aniversario de la Declaración de la Independencia. Hasta ese momento se pondrá el foco en las diez propuestas que permitirán “establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial”, insistió su inspirador.

Algunos enunciados no requieren mayor consideraciones, como el referido a la inviolabilidad de la propiedad privada, que está garantizada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. En tanto, el planteo de un equilibrio fiscal innegociable tiene dos caras: no se debate su razonabilidad pero puede discutirse su inclusión si se trata de lograrlo de cualquier manera. En estos primeros seis meses del año se probó que el gobierno de Milei puede alcanzarlo a costa de un sector tan vulnerable como el de los jubilados. Para ellos se propone “Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación”. Mientras se licuan sus ingresos, el oficialismo está demorando la sanción de una ley que los recupera. Milei cayó en la tentación de su propio ajuste, que deja a esos haberes por detrás de la inflación, el factor de ajuste. 

Reducir el gasto público en torno al 25% del PBI, a la luz de su evolución, aparece como una meta ambiciosa que compromete al gobierno, que deberá alcanzarla sin incumplir sus obligaciones. Otro tanto sucede con la propuesta de una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. En seis meses no se registraron avances en ese sentido y constituyen uno de los puntos más discutidos del paquete fiscal, que acompaña la ley de bases. No hay expresiones de firme voluntad de reducir el afán recaudatorio.

La discusión de la coparticipación federal de impuestos para “terminar para siempre con el modelo extorsivo actual” no debiera tener resistencia. Precisamente este jueves, el gobernador de Salta le presentó una propuesta que puede servir de base. Hay gobernadores, como el de Entre Ríos, que fue un promotor de la reforma del sistema cuando en 2017 ocupaba la cartera del Interior. En ese intento lo acompañó el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, hoy ministro de Economía. La misma necesidad y quizás mayor urgencia pueden ser estímulos, si se logra vencer la posición de no ceder con la que se  plantan las partes de la negociación.

La que necesitará una certificación social será la propuesta de “Un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Apenas se expuso el Pacto de Mayo, las organizaciones ambientalistas criticaron la propuesta de Milei; la primera exigencia es que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales como las de bosques y glaciares, cuestión incluida en la versión original de la ley de bases. 

 “Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”,  como se indica en el Pacto de Mayo presentado en marzo, ya se ha intentado imponer y apenas ha logrado una mínima expresión, sin sanción y rechazada por cierta dirigencia gremial. La promoción del trabajo formal es una aspiración demorada porque el crecimiento de puestos de trabajo en la pasada década lo es en términos absolutos; en relación al crecimiento poblacional se redujo, según datos del Ministerio de Trabajo.  

La reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados, como enuncia el punto 9 del Pacto de Mayo demandará su tiempo; el primer intento ya ha fracasado. La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global, propuesta que cierra el listado, demandará más que buenas intenciones.
Es probable que la difícil situación actual empuje a expresidentes, gobernadores, autoridades políticas, miembros de la Corte Suprema de Justicia, empresarios y gremialistas a firmar el acuerdo en Tucumán. Pero será apenas el punto de partida.

Salta, 21 de junio de 2024