Veto

Opinion 12 de octubre
Por Decreto 1.340, publicado ayer en el Boletín Oficial, se promulgó como Ley 8036, la reglamentación de la acción popular de inconstitucionalidad. En el acto se vetó parcialmente la sanción legislativa, en términos que anticipan que se aplicaría ese recurso a la mencionada norma, en cuanto se resuelva el veto.
inconstitucionalidad

Si la introducción de este instituto fue revolucionario en el ordenamiento jurídico provincial, el impacto de su reglamentación está anticipando una tempestad en su aplicación. La acción popular de inconstitucionalidad, incluida en la Constitución Provincial por la reforma de 1986, habilita a todos los habitantes de la Provincia a participar activamente en la defensa de la legalidad constitucional.

Un análisis realizado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad católica de Salta destaca que la acción popular reconoce una legitimación irrestricta para llevar ante la Corte de Justicia la impugnación de normas de alcance general que se estimen conculcadoras de normas constitucionales. Subraya que con esa amplitud se abandona el requisito del interés particularizado y empodera a todo habitante -tal es la palabra del texto constitucional- para defender a la Constitución de las lesiones que pudieran infligírsele mediante normas de alcance general.

La reglamentación sancionada por la Legislatura, en base a un proyecto remitido por la Corte de Justicia, determina aspectos procedimentales como la procedencia, el trámite y el plazo en el que se deberá interponer la demanda de inconstitucionalidad. También aborda otros aspectos como el establecimiento de una sanción a los firmantes de una demanda manifiestamente improcedente. El plazo y la multa generaron reparos puntualmente expresados por el abogado Roque Rueda, en línea con la presentación del instituto académico, que fue previo a la sanción.

En los treinta años de vigencia de la acción popular de inconstitucionalidad se han intentado relativamente pocas acciones de este tipo y no llegan a cinco las sentencias que hayan acogido estas acciones total o parcialmente, dice el informe de UCASAL. No hubo un aluvión de planteos que haya obstaculizado el funcionamiento de la justicia o la plena vigencia de las normas dictadas por los otros poderes del Estado Provincial, por lo que no ha implicado en modo alguno una amenaza a la democracia representativa, ni a la división de poderes.

En consecuencia, haber aprobado una reglamentación muy restrictiva aparece como un despropósito que el veto del Ejecutivo no corrige. Esa circunstancia hace prever que, alertadas las instituciones de la sociedad civil y especialmente las vinculadas a la Justicia, la flamante Ley 8036 puede ser objeto de una acción popular de inconstitucionalidad, la misma que reglamenta.

Salta, 12 de octubre de 2017

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