Prejuicio

Opinion 11 de octubre
Dos instituciones educativas señeras vieron interrumpidas sus actividades normales por amenazas anónimas respecto de la supuesta existencia de bombas.
WhatsApp Image 2017-10-11 at 10.38.11

No es la primera vez que el ex Colegio Nacional y la escuela técnica Einstein son víctimas de estas acciones, cuya autoría generalmente no es establecida. Travesuras juveniles, maniobras de alteración del clima social en vísperas de elecciones, actos de protesta, son algunas de las razones que se reconocen en el origen de estas denuncias falsas que obligan a la evacuación de alumnos y profesores  y al desvío del tránsito, provocando en todos los casos severas dificultades a la cotidianeidad citadina.

Los fuertes prejuicios sociales, ante estas circunstancias, suelen adjudicar a los jóvenes la autoría de estas falsas alertas que distraen recursos humanos y materiales del área de seguridad. Los períodos de exámenes suelen ser tiempos propicios, cuando se trata de picardías estudiantiles; alguna situación interna que genera resistencias en el alumnado, podría ser también una causa. Pero no necesariamente se les debe adjudicar la culpa.

Estos reparos de los adultos son los que, en pleno Siglo XXI, con más de 200 años de Nación y casi medio siglo de democracia ininterrumpida, demoran que los estudiantes tengan la autonomía suficiente para organizarse y asumir la responsabilidad de gestionar su problemática. Por segunda vez, la Cámara de Diputados ha encarado la tarea de sancionar la ley de centros estudiantiles.

La clave es la autonomía ya que el funcionamiento de estas organizaciones está reglamentado desde diciembre de 1990. Esa norma es mezquina, autoritaria y desconoce la capacidad de adolescentes y jóvenes para asumir responsabilidades en función de un colectivo fundamental para la sociedad.

En la sanción de ayer se dio media sanción al proyecto que reconoce el derecho de los estudiantes de los niveles secundario, terciario y BSPA de la provincia, a constituir Centros de Estudiantes autónomos, que los representaran ante las autoridades. El texto establece que tendrán garantizada su autonomía, dictarán sus propios estatutos, garantizando la elección democrática de sus autoridades incluyendo la representación proporcional de las minorías y el derecho a revocatoria de mandato.

Este enunciado anticipa que la amplia franja etaria entre los 13 y los 20 años tendrá la oportunidad de una práctica democrática que los partidos políticos no habilitan, sumidos en una crisis y dominados por un exceso de pragmatismo, que devoró valores cívicos. Pueden constituirse en espacios de debate y trabajo en pos de objetivos comunitarios, donde ejerciten la libre expresión de ideas dentro del pluralismo, defiendan  derechos estudiantiles, especialmente a aprender y a sostener la educación como bien público y derecho social, como expresa la ley nacional vigente desde 2013.

Los adultos no deben temer que los jóvenes repitan sus vicios. Solo deben dejarlos ser.

Salta, 11 de octubre de 2017

 

Te puede interesar