Problema

Opinion 09 de octubre
Solían ser postales de la campaña electoral y la maniobra se repetía en distintos puntos del territorio provincial. Grupos importantes de personas ocupaban tierras, generalmente fiscales y mediante la oportuna intervención de organismos, empeñados en no opacar las posibilidades de triunfo del oficialismo, se quedaban con fuertes chances de apropiarse de un terreno.
TIERRAS

Algunos movimientos eran espontáneos, promovidos por la desesperación de resolver el problema habitacional de miles de familias; pero muchos eran alentados por punteros políticos, sea para complicar una gestión de gobierno o para mejorar el posicionamiento de algún candidato.

Durante décadas se hicieron ingentes esfuerzos por resolver la problemática de las ocupaciones ilegales.  Se ensayaron novedosos programas de escasa efectividad, como PROVIPO y se crearon organismos a fin de hacerse cargo de recepcionar la demanda de tierras y la oferta de ordenamiento de asentamientos. El propio gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo en el inicio de su carrera política esa responsabilidad, a través de Familia Propietaria.

Ya a cargo del Poder Ejecutivo, y ante los escasos resultados, corrigió los defectos de la gestión anterior y armó Tierra y Hábitat, que tuvo mucho ruido con Sergio Usandivaras a la cabeza y un activo coordinador que estuvo hasta el viernes pasando sus días en un penal esperando su juicio, con el cargo de estafa. Fueron tiempos en que Diego Barreto alternaba su tarea de funcionario público con la de principal referentes de MILES, un partido político que hace de la cuestión de la propiedad su principal razón política.

Desde marzo de 2016, la tarea fue más estricta, particularmente partiendo de la decisión de resolver el problema con más dignidad. Quien sintetizó la raíz de una situación que generó el escándalo de Parque La Vega, donde quedó expuesta con crudeza la venalidad de ciertas políticas en la materia, fue la organización Techo, una ONG que trabaja para paliar las necesidades habitacionales de familias humildes. "La ausencia de posibilidades en el acceso formal al suelo es una problemática que requiere de funcionarios que generen políticas públicas correctas y garanticen el derecho a un hábitat adecuado, asegurando la transparencia en los procesos de gestión", expresó en un comunicado. De allí en más, no hay entregas de tierras sin servicios y sin un procedimiento administrativo transparente.

Pero este fin de semana,  casi una decena de ocupaciones alertaron que lejos se está aún de una política adecuada. La morosidad burocrática y la falta de inversión para asegurar el acceso a terrenos, serían consecuencia de la falta de atención seria de una problemática que tiene ribetes dramáticos para muchas familias.

Suponer que hay una politización de la cuestión no es más que el reconocimiento que, efectivamente, es un problema político: el Estado no ha logrado resolverlo. Asumir que hay un uso electoral, no es mero cierto. Es el tiempo en que un alfiler cayendo al piso provoca un estrépito.

El desalojo de ocupantes ilegales de un barrio de Cerrillos será una prueba de fuego para la actual gestión de Tierra y Hábitat, que es más que una función pública.

Salta, 09 de octubre de 2017

 

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