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Opinion 06 de octubre
Se robaron la dignidad, se robaron los recursos, se robaron todo lo que pudieron. La frase inserta en un discurso de fuerte tono electoral puede considerarse la primera referencia del intendente capitalino, en casi dos años de gestión, respecto de la administración de su antecesor, actual vicegobernador.
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La réplica fue casi una acusación y vino del propio gobernador, quien destacó que el actual jefe comunal fue parte del gobierno que cuestiona por lo que correspondía que oportunamente hubiese denunciado que algo funcionaba mal.

Los escarceos forman parte de la campaña con vistas a las elecciones del próximo 22 pero revelan que el manejo de bienes públicos son debilidades de gobernantes.

 Las insinuaciones o afirmaciones que sobre vicios en la gestión de Gustavo Sáenz se formularan en declaraciones de candidatos de la oposición y en ámbitos como el legislativo provincial, fueron las gotas que llenaron el vaso que rebasó cuando el Gobernador de la Provincia lo tratara de mendicante por sus trámites ante el Ejecutivo Nacional para obtener recursos.  Para responder, el funcionario usó el mismo canal: el discurso de campaña.

La decisión de lograr una emergencia hídrica para llevar adelante parte del plan de obra pública financiado con dinero del tesoro nacional, fue el flanco donde golpearon los contrincantes. La posibilidad de disponer de esos recursos sin ajustarse a los dictados de la ley provincial de contabilidad, tendieron sobre el carismático intendente un manto de sospecha que se oscureció cuando circuló por las redes sociales  un testimonio del  supuesto canje de ayuda social por apoyo electoral. A partir de ese momento, la Cooperadora Asistencial se sumó a los recursos para dañar las chances del oficialismo municipal en los próximos comicios.

En cualquier caso, se llevó a un campo poco propicio la discusión sobre una cuestión de extrema seriedad, como es la transparencia en el manejo de fondos públicos. La advertencia de convocar a la Auditoría General de la Provincia para revisar la administración de la cooperadora de la Capital, amenaza con bastardear una función trascendente en la democracia. Además actualiza una polémica respecto de si el control en ese ámbito es responsabilidad del Tribunal de Cuentas excluyentemente.

También se abrió otro frente de debate. Es el que discute si corresponde que la Cámara de Diputados pida informes al intendente sobre la inversión de fondos provinciales. Suponen en el ámbito comunal que corresponde que de ellos debe dar cuenta  el Gobernador.

El manejo de recursos públicos y su control, son temas vertebrales del sistema institucional. En consecuencia, una campaña electoral basada en carteles y eslóganes no pareciera ser el ámbito adecuado para debatir sobre ellos.

Salta, 06 de octubre de 2017

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