Hitos

Opinion 05 de octubre
Fuerte impacto causó la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que anuló la condena a Marcos Levín por considerar que no incurrió en delitos de lesa humanidad.
marcos levin

Uno de los empresarios más importantes de Salta había sido condenado en marzo de 2016 a 12 años de prisión, por haberse probado en el juicio su connivencia con el terrorismo de Estado.

La investigación de la participación de empresas y empresarios en la ejecución de delitos de lesa humanidad fue siempre cuestionada por su morosidad. Si este fallo queda firme, habrán caducado todas las causas abiertas y decenas de imputados y procesados en todo el país cerrarán un inquietante capítulo de su vida.

Apenas conocida la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal nuevamente emergieron las críticas a la política de derechos humanos del presidente Mauricio Macri, que desde su asunción en diciembre de 2015 viene siendo observado con atención por organismos especializados del país y del exterior. Muchos referentes de ese sector suelen cuestionar su actuación pese a que se continuaron políticas de la gestión anterior. Es su discurso el que no deja en claro su posición y ahora se suman algunas acciones, como la represión a movilizaciones sociales y el caso de la desaparición de un activista indigenista, que dan razones a los críticos del supuesto abandono de una defensa férrea de una cuestión muy sensible para la sociedad argentina.

El caso de Marcos Levín había adquirido estatus de histórico por tratarse de la primera condena a un empresario, al que se lo vinculó con la represión de la década del 70. No fue el primer procesado; le antecedieron otros con mayor repercusión nacional como Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma. La diferencia la hizo la condena ya que el empresario jujeño fue beneficiado por la falta de mérito que le dictó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, en la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores y pobladores de Libertador General San Martín y otras localidades jujeñas cercanas a la planta principal de la mayor empresa azucarera del país. Sí estaba probada la participación de vehículos del ingenio en las tareas de secuestro de personas pero no que se tratara objetivamente de una colaboración, según el fallo.

Levín, ex director de la Veloz del Norte, había sido considerado por el Tribunal Oral Federal de Salta como un “partícipe necesario” del secuestro y torturas de Víctor Cobos, delegado gremial en su empresa y de haber accionado “psicológicamente” para propiciar la represión de trabajadores. Este nuevo fallo niega que esa colaboración sea delito de lesa humanidad con lo que se conmueven los pilares de la vinculación de lo que se llama “la pata civil” del terrorismo impuesto por la última dictadura militar.

De esta manera, el caso del empresario salteño sigue marcando hitos en un proceso aún abierto de revisión del período más tenebroso de la vida institucional contemporánea de la Argentina.

Salta, 05 de octubre de 2017

 

 

Te puede interesar

Te puede interesar