Justicia

Opinion 04 de octubre
Un esfuerzo por solucionar los problemas que en el sistema público de salud genera la falta de especialistas, amenaza convertirse en un gran conflicto de carácter laboral.
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Una reforma del Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de Salta, establecido por la ley 7.678, obligó a la participación del propio gobernador, quien sospecha que el espíritu de la propuesta fue alterado alejándose del propósito original.

La reforma había pasado sin mayor ruido por la Cámara de Diputados el 15 de agosto pasado. La decisión del Senado de darle sanción el 21 de setiembre como un homenaje a los trabajadores de ese sector en su día, alertó a los profesionales  que una franja de ellos estaba por lograr ventajas discutibles.

Es así que desde la primera semana del mes pasado todos los colegios que los agrupan sometieron a un exhaustivo análisis a la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo, arribando a la conclusión que los médicos querían asegurarse privilegios alterando una categorización acordada en 2.011. Frente al firme reclamo del resto de los profesionales que se desempeñan en los establecimientos sanitarios, el gobernador Juan Manuel Urtubey no tuvo problemas en reconocer que lo más prudente será dar marcha atrás.

La parada del mandatario hizo sonar la hora de las explicaciones y las excusas. En la sesión de anoche de la Cámara baja se señaló al Ministro de Salud como responsable de la introducción de la polémica modificación. En principio, lo que pretendía el Ejecutivo era posibilitar una relación laboral de determinados especialistas bajo la figura de contratos de servicios o de obras, en casos de extrema necesidad o urgencia, posibilidad que actualmente está vedada.

Por sí, esa ya era una reforma cuestionable por el temor que se habilite la posibilidad de precarizar el trabajo. Sin embargo, los reparos mayoritariamente se centraron en otra modificación que directamente –según los diputados- propuso el ministro Roque Mascarello para hacer lugar a un pedido de  referentes de la Asociación Interhospitalaria, quienes pretenden que se diferencie a los médicos de los otros profesionales de la salud mediante el reconocimiento de un subgrupo integrado por los graduados de carreras de más de seis años de estudio.

La recategorización no es una pretensión de carácter académico; los médicos quieren más sueldo y otros beneficios por su supuesta jerarquía por encima de los otros profesionales. De allí la irritación que abrió un inesperado foco de conflicto que, al parecer, se licuaría con el mero trámite de eliminar el avance sobre la idea original.

Tal decisión volvería la atención sobre la cuestión de fondo: cómo facilitar la asistencia que amplias zonas del interior demandan en materia de salud, para permitir la intervención de especialistas. No es más que un estricto reclamo de justicia social, para evitar que haya enfermos de primera y segunda clase, según sea el lugar que les toca habitar.

Salta, 04 de octubre de 2017

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