Rige la Ley de Acceso a la Información Pública

Política 29 de septiembre
Desde este viernes entró en vigencia la norma que fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2016.
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En marzo pasado el Ejecutivo la había reglamentado parcialmente. Esta semana, mediante un decreto de necesidad y urgencia, se modificaron las competencias de la autoridad de aplicación.

La ley N°25.275 obliga a los tres poderes del Estado a responder la solicitud de datos por parte de cualquier ciudadano, y obliga a los organismos a dar la información en un plazo de 15 días, con una prórroga de 15 días más.

A su vez, contempla sanciones al funcionario que obstruya el ejercicio de dicho derecho.

Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están alcanzados el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y el Consejo de la Magistratura.

También están incluidas las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; operadores de juegos de azar; partidos políticos; sindicatos; universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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