Riesgo

Opinion 29 de septiembre
El próximo lunes se inicia en medios audiovisuales la campaña electoral de candidatos a la renovación legislativa provincial. Se sumará a la que viene desarrollándose para los cargos nacionales y completará la publicidad de propuestas de los distintos sectores políticos que competirán el 22 de octubre.
espacio cedido2

En tres semanas más, dicha campaña dominará la cotidianeidad de los salteños y hay preocupación por el tono que está alcanzando, con atisbos de violencia tanto material como verbal. Precisamente la semana cierra con hechos que advierten que el juego limpio no es objetivo de todos.

La tecnología, que aporta recursos muy eficientes a la hora de difundir ideas y proyectos para captar votos, también puede ser usada para el desprestigio de los oponentes. La edición de registros audiovisuales puede distorsionar el verdadero contenido de diálogos y mensajes.

Le ocurrió a dos grandes referentes de la campaña. Un supuesto diálogo del gobernador Juan Manuel Urtubey con dirigentes del norte provincial sugería que el mandatario reclamaba que los recursos públicos volcados en algunos municipios no retornaban en sufragios a favor del oficialismo. Otro tanto le ocurrió al intendente Gustavo Sáenz que en un archivo audiovisual aparecía condicionando la ayuda social a un trabajo electoral para imponer sus candidatos.

Es cierto que todas las campañas suelen dejar antecedentes de episodios negativos, como el vandalismo sobre la cartelería o la difusión de antecedentes que afectan la imagen de los postulantes. También hubo riñas y trapisondas para complicar al oponente. Sin embargo, los recursos que se están desplegando en esta campaña hasta llegan a dar verosimilitud a cuestiones inexistentes. Se ha llegado al extremo de usar a un auditor de la nación para acusar a un candidato por el uso irregular de ingentes fondos que no habrían sido remitidos.

En otros casos, las maniobras obligan -por su gravedad- a su verificación. Es el caso de la acusación contra el jefe comunal  capitalino por el uso indebido de recursos de la Cooperadora Asistencial. Diputados del oficialismo solicitarán la intervención del organismo para despejar las sospechas de discrecionalidad política.

Si bien la política es el ámbito donde mejor encaja el principio de que el fin justifica los medios, a la larga resulta perjudicial para quienes lo aplican. Y mayor daño produce en el sistema democrático cuando contribuye a afectar irreparablemente la credibilidad de una dirigencia cuyo destino son los cargos electivos con los que se arman los gobiernos.

Hay circunstancias en que la solución de los problemas nacionales o provinciales demanda el trabajo conjunto de todo el espinel político. Sin embargo, esa comunión no se logra cuando, por un mero triunfo electoral, se abren heridas que no cierran. Ese es el riesgo.

Salta, 29 de septiembre de 2017

Te puede interesar