Decisiones

Opinion 15 de septiembre
Comenzó su trámite parlamentario el proyecto de presupuesto nacional 2018. Como corresponde, ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados mientras que por la de Senadores, también como constitucionalmente está previsto, ingresó la iniciativa que propone modificaciones a la ley de Responsabilidad Fiscal, que es producto de un acuerdo entre todas las provincias.
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El propósito del Ejecutivo Nacional –y en ese orden cuenta con el consenso de casi todas las provincias- es lograr una reducción del gasto público. El modo y el alcance de esa pretensión serán los temas centrales del debate que estas iniciativas generarán en el Parlamento en lo que resta del período ordinario de sesiones.

Para el próximo año hay previsiones de un crecimiento del 3,5%, una inflación promedio del 10%,  un déficit fiscal del 3,2% del Producto Bruto Interno y un tipo de cambio que oscilará entre los 19 y  los 20 pesos por dólar. Respecto de este ejercicio fiscal se prevé un incremento de un 50% en las partidas destinadas a la obra pública pero también un nuevo endeudamiento por más de 30 mil millones de dólares.

En tanto, el acuerdo federal en torno del propósito de bajar el déficit fiscal, importa una significativa modificación de las reglas actuales y se torna más estricto el manejo de las cuentas, incluyendo una apertura pública de su evolución.  Es así que cada distrito quedará obligado a publicar en su página web el Presupuesto Anual, las proyecciones del Presupuesto Plurianual y la Cuenta Anual de Inversión. Este proyecto prevé que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto tanto provincial como nacional no podrá superar la tasa de aumento de la inflación. También incluye el compromiso de mantener estable la relación de cargos ocupados en el Sector Público, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

Otro aspecto importante de la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal que se propone es el ordenamiento del fin de mandato. Se trata del manejo de gastos de los dos últimos trimestres del último año de gestión, en los que no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, excepto estrictas situaciones. Durante ese periodo, estará prohibida la donación o venta de activos fijos.

Estas decisiones, descriptas a grandes rasgos, están indicando cambios en la administración de recursos públicos, con el consiguiente impacto en la cobertura de las obligaciones básicas del Estado. Es en ese marco en que se pondera la importancia de la intervención legislativa.

En un año de renovación de las bancas, marca un camino para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

Salta, 15 de septiembre de 2017 

 

 

 

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