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Opinion 08 de septiembre
El Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals dijo que es necesario comenzar a pensar en tomar la decisión de salir del régimen de desfederalización del microtráfico de drogas.
lopez viñals
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No por esperada resulta menos impactante la sugerencia del funcionario judicial, que está ubicado en el lugar preciso para evaluar con precisión el resultado de una decisión adoptada por la Provincia en agosto de 2013, mediante la ley N° 7.782.

Desde el momento en que se inició el tratamiento legislativo de la adhesión a la desfederalización se advertía que lo estaba haciendo cuando otras provincias, que ya tenían acumulada experiencia al respecto, analizaban abandonar el régimen. Cabe recordar que en 2005 se acogió una propuesta de la Provincia de Buenos Aires de "desfederalización" de los delitos de menor cuantía previstos contemplados en la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes, que fue reformada imponiendo la parcialización de la competencia para investigar y juzgar algunas conductas delictivas, en caso de que los Estados locales adhiriesen a la ley.

En más de una década solo tres provincias adhirieron y están a cargo del microtráfico: Buenos Aires, que lo hizo de inmediato, Córdoba a partir de 2012 y un año después Salta. Otras dos -Entre Ríos y La Rioja-  adhirieron pero no la aplicarán hasta que no se transfieran los fondos que implica asumir la lucha contra  el menudeo de la comercialización. Santa Fe y Catamarca tienen paralizado el tratamiento en sus respectivas legislaturas, mientras que el resto de las provincias se mantuvieron ajenas a la opción generada por la ley 26.052.

El procurador López Viñals denunció que las provincias que han adherido a la desfederalización no están recibiendo los fondos necesarios tal como lo prevé la ley en su Artículo 5º, que establece un sistema de transferencias a las jurisdicciones que así lo requieran. “Esa limitación de recursos nos está poniendo límites para hacer la cosas que debemos”, dijo para justificar la ineficiencia de los resultados, que también se verifica en Buenos Aires y Córdoba.

Lo cierto es que según la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el objetivo insignia de lograr la colaboración de las policías provinciales en la persecución de los delitos menores mientras las fuerzas federales se abocan exclusivamente a la investigación de los ilícitos más complejos, no está alcanzándose. Incluso, advirtió que hay un desmejoramiento del sistema.

Es que se está probando que una investigación fragmentada impide comprender la real dimensión del caso investigado; el deslinde de investigaciones de menor cuantía respecto de las complejas, atenta contra la lógica elemental que persigue el descubrimiento de la verdad y se altera la concatenación de actos que se ejecutan en el tráfico de drogas.

En Salta se incrementó en un 20% la población carcelaria y no hay mayores recursos para enfrentar esos costos. No es precisamente ese el resultado que se esperaba para una sociedad que observa el crecimiento de un flagelo que la está debilitando.

Salta, 08 de septiembre de 2017

 

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