Dilemas

Opinion 06 de septiembre
La obra pública como herramienta de campaña electoral no es una novedad. Es así que en el propio Código Electoral se fijan límites a los actos oficiales que pueden inducir el voto y que mayoritariamente tienen que ver con la inauguración de las mismas. En la actual no está ausente, no solo por su eficacia sino porque en el último año ha sido objeto de un fuerte volumen de inversiones.
ruta 9 34
ruta 9 34

En la Provincia, el Gobierno Nacional lleva asignado más de tres mil millones de pesos, a los que debe sumarse el aporte extraordinario ejecutado y comprometido con la comuna capitalina. El Ejecutivo Provincial no se quedó atrás y parapetado en una política anticíclica financiada con deuda, se están volcando los 300 millones de dólares del Fondo del Bicentenario y los 800 millones de pesos del Fondo Federal de Inversiones.

El intenso movimiento generado ha movilizado a la industria de la construcción, un sector económico de gran impacto multiplicador; además, está promoviendo la participación social que ha comenzado a percibir que la obra pública no solo resuelve problemas cotidianos de la vida comunitaria sino puede generar otros. El potente cambio que ya se está notando está marcando el momento de definir la paternidad de este proceso.

En la última sesión de la Diputados, la obra pública generó una polémica respecto de qué es realidad y cuánto no salió del plano de los anuncios, quién es el autor del efecto benéfico de las concreciones y quién, el responsable de expectativas insatisfechas. Ese mismo ámbito, en tanto, trata de contener reclamos y canalizar gestiones por encrucijadas que amenazan con frenar el ímpetu constructor.

Las ruta 9/34 y 50 son claros ejemplos que muchas décadas de desinversión y la falta de opciones de desarrollo dejaron desprevenida a una población, que sólo atina a defender lo que construyó más como un plan de salvataje que como  modelo de crecimiento para la actual y futuras generaciones.

La instancia es casi dramática y de difícil comprensión para quienes integran el interés general, en contraposición a aquellos que representan un interés particular o sectorial. Mientras quienes transitan por la que se llama autopista Pichanal-Orán, en construcción desde hace una década, demandan seguridad y eficiencia en su trazado, los habitantes de Hipólito Irigoyen debieron recurrir a la Justicia cuando confirmaron que el pueblo iba a ser atravesado  por una réplica del Muro de Berlín.

Güemes y Metán, en tanto, se resisten a un cambio de la traza de la ruta vertebral de la Argentina. Sin opciones para la generación de empleos, ambos pueblos defienden la actividad económica -de sobrevivencia en buena parte de los casos- que genera una vía altamente peligrosa.

Ha sonado la hora de la política, pero no con fines electorales. Sólo ella puede resolver estos dilemas.

Salta, 06 de septiembre de 2017

 

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