Reclamo

Opinion 04 de agosto
En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri indicó a la Gobernadora de Buenos Aires que demande judicialmente la recuperación del Fondo del Conurbano.
urtubey gobernadores ok

Disciplinadamente, en agosto del año pasado María Eugenia Vidal presentó el reclamo ante la Corte Suprema de la Justicia contra el Estado Nacional. Apenas informada de la denuncia, la administración central hizo una presentación que precisó los alcances del sistema de copartipación vigente y las afectaciones que podrían existir en caso de que se altere el tope vigente que rige para lo que recibe el distrito bonaerense.

No fue sino hasta el 6 de junio último que el máximo Tribunal citó a las 22 provincias que actualmente se quedan con el 98,5% de la partida correspondiente a ese fondo,  para que defiendan sus derechos. A casi 60 días de la citación, doce mandatarios justicialistas se reunieron para consensuar su posición en defensa de sus ingresos.  Se generó en este punto la máxima tensión entre el oficialismo y la principal oposición, encarnada en los gobernadores del PJ.

El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense se creó en 1992 con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Fue la manera como el presidente Carlos Menem cumplió con Eduardo Duhalde,  su compañero de aventuras políticas, para financiar el gobierno del distrito más importante del país. Tres años después, por la ley 24.621 le fijó un techo de 650 millones de pesos y dispuso repartir el excedente entre el resto de las provincias. El dato objetivo le da la razón a la gobernadora bonaerense.

El dato político es que la decisión del resto de los gobernadores también es razonable. Si se quita el derecho a coparticipar la recaudación del Impuesto a las Ganancias, desfinanciará a los tesoros provinciales. Por caso, Salta recibiría 2 mil millones de pesos menos; esto es, el cinco por ciento del total de los ingresos, según reconoció el gobernador Juan Manuel Urtubey.

No es la primera vez  que la Corte de Justicia interviene en los reclamos por recursos entre Nación y Provincia. La devolución a favor de las provincias del 15% de los fondos coparticipables que se sustraían para sostener a la Anses, fue la última decisión de ese cuerpo  y si sigue esa línea pondría a los estados provinciales ante la necesidad de impulsar definitivamente la reforma de la ley de coparticipación, una asignatura pendiente desde 1996, vencido el plazo otorgado por la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

La cuestión es vertebral en un país organizado como federal. Más allá de los intereses de sectores políticos, no hubo ni habrá razones legítimas para seguir demorando el debate que demostrará la fortaleza de la estructura institucional argentina. Todo parece indicar que es el momento de resolver una puja distributiva que estuvo contaminada por la hegemonía de un partido que financió con estos fondos su permanencia en el poder.

Será una negociación virtuosa porque todas las provincias deberán ceder para que se imponga el federalismo, cuya inexistencia práctica generó un país desigual e injusto.

Salta, 04 de agosto de 2017

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