Vulnerabilidad

Opinion 02/08/2017
A través del trámite de insistir en un pedido de informe, un diputado de la Capital agitó las aguas del debate sobre temas que habitualmente no se discuten o proponen porque suelen ser irritativos.
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Una ministra del Ejecutivo está demorando la remisión a la Cámara baja del listado de jueces que estén en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación y alertó sobre cuestiones que institucionalmente no suelen ser consideradas con la corrección necesaria.

Guillermo Martinelli, de tal legislador se trata, solicitó en mayo pasado que el Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la provincia remita la nómina de magistrados que de acuerdo a la normativa vigente han alcanzado la edad de su retiro. No se trata de inmiscuirse sobre el funcionamiento de otro poder ni mucho menos de ejercer presión política sobre él, según la fundamentación expuesta. Ocurre que en el momento en que el magistrado pueda obtener la jubilación, la inamovilidad cesa, indica el Artículo 156 de la Constitución Provincial.

Sabido es que uno de los pilares del sistema republicano de gobierno es la independencia del Poder Judicial y ésta queda asegurada especialmente mediante la inamovilidad de los jueces en sus cargos; esto es, su continuidad en la función no depende de la voluntad del poder político que se expresa en la Legislatura o el Ejecutivo sino de su buena conducta. Sólo pueden ser separados  si cometen algún delito o incurren en mal desempeño; procede allí  la aplicación del juicio político si se trata de un juez de la Corte, o del procedimiento de destitución en el que interviene el Jurado de Enjuiciamiento, si se trata de un juez inferior.

Pero esa inamovilidad lo cubre hasta que alcanza la edad jubilatoria y un juez sin ese atributo cae en una situación de vulnerabilidad. Allí sí queda bajo la dependencia de un órgano político con facultad para removerlo.

 Por otra parte, la morosidad en que cayó la titular de la cartera de Justicia la puso frente a la posibilidad de ser interpelada. Hace mucho tiempo que la Legislatura ha renunciado de hecho a su facultad de convocar a Ministros, Secretarios de Estado y las máximas autoridades de los entes descentralizados a comparecer ante la Cámara a fin de suministrar informes en el recinto, como contempla el Artículo 116 de la Constitución. Habitualmente se opta por el trámite del pedido de informe por escrito o a la presentación de los funcionarios ante Comisiones. En Diputados suele convocárselos también a la Presidencia, privando a la ciudadanía de escuchar el debate que se suscita como ocurriría si se plantea en una sesión pública.

La naturaleza de la cuestión puesta en discusión le da razones a la Cámara baja para insistir con rigor en demandar el cumplimiento de la obligación de la administración pública de responder por escrito los requerimientos de informes de cada Cámara o de sus comisiones, como indica la Carta Magna. La salud institucional así lo exige.

Salta, 02 de agosto de 2017

 

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