Cuestionamientos

Opinion 26/07/2017
Tras un fallo tildado como escandaloso, que favoreció a un ex intendente acusado de peculado, la Justicia fue criticada anoche en la sesión de la Cámara de Diputados. Se llegó incluso a tratarla lisa y llanamente de corrupta, conocida la decisión de una Corte ad hoc, que cerró un caso con casi dos décadas de desarrollo, disponiendo su prescripción.
topo ramos

La intención del cuerpo deliberativo fue clara; no se analizó la culpabilidad del ex jefe comunal de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, la que se dio por sentada en algunas intervenciones. De lo que se trató fue de calificar la actuación de un poder, cuyos operadores – a juicio de los diputados que cuestionaron su actuación- a la postre no permitieron que se conozca el destino final de “la plata de los pobres”, como se calificó a los recursos de la Cooperadora Asistencial.

La queja de los diputados se sumó a otras ya conocidas apenas emitido el cuestionado fallo. La primera reacción fue la del propio fiscal ante la Corte de Justicia, Alejandro Saravia, quien consideró que  la decisión de declarar la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido sin resolución, demuestra o por lo menos pone en duda, la capacidad de la Justicia de juzgar a los funcionarios públicos de la Provincia. Fundó su acusación en el reconocimiento que el sistema judicial tiene responsabilidad en la demora.

Trascartón, fue el actual intendente del municipio del Valle de Lerma el que cargó contra la Justicia. Sin empachos, Ignacio Jarsún consideró que es más corrupta que la política. Pero avanzó más al expresar su arrepentimiento por haber denunciado al ahora sobreseído ex funcionario, apenas le sucedió en el cargo y frente a una serie de irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la comuna.

Lamentablemente, si bien puede resultar reparador para quienes están en desacuerdo con el fallo hacer una crítica demoledora contra uno de los tres poderes del Estado, es todo el sistema institucional el que tambalea con la embestida.  Es que sin justicia no hay democracia.

El Poder Judicial está en el cimiento del edificio institucional que construye cualquier comunidad para organizarse como tal. No hay modo de llevar adelante una convivencia civilizada sin contar con el poder cuya función esencial es la resolución de los conflictos y la aplicación de las normas de ordenamiento de la vida en común. Por ello es que existe aún cuando esté cercenado el estado de derecho. Los gobiernos de facto que gobernaron el país durante buena parte del siglo anterior son una prueba palmaria de su necesidad. Así lo reconoció Aristóteles, dos mil años atrás y lo siguen sosteniendo los pensadores que le dan cuerpo a la política.

Cualquier sociedad entiende el valor de tener tribunales imparciales y centrados solamente en hacer cumplir las leyes, sin establecer diferencias entre ricos y pobres, sabios o ignorantes, poderosos o vulnerables.  Con una justicia claudicante, débil o timorata, la democracia tambalea.

Hay que sostenerla.

Salta, 26 de julio de 2017

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