Palomitas

Opinion 06 de julio
Aunque han pasado 41 años, de la Masacre de Palomitas se habla permanentemente. Es uno de los hechos emblemáticos del terrorismo de Estado instaurado en el país en 1976, aunque se van acopiando antecedentes que demuestran que comenzó a operar desde por lo menos 1974.
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Cada aniversario no solo convoca a la familia de las víctimas o a las organizaciones de Derechos Humanos que no cejaron en demandar justicia y hoy sostienen la memoria. Es un tácito compromiso cívico que impone un repaso sobre una etapa oscura de la vida institucional pero alerta sobre el mantenimiento de la resistencia a cualquier intento de interpretaciones caprichosas sobre los acontecimientos que la historia está acomodando en su justo lugar.

El hecho que hoy se recuerda no tiene algunos elementos que caracterizaron al accionar de la última dictadura militar, como los desparecidos y a la fecha ha logrado el juzgamiento de sus principales autores. Está a la puerta de sentar en el banquillo de los acusados a un ex juez federal, cuya complicidad permitió no solo esa masacre sino muchos otros crímenes durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Pero la Masacre de Palomitas es una expresión acabada del horror de la década. Ocurrió el 6 de julio de 1976, cuando en un operativo montado por el Ejército, las Policías Provincial y Federal y el Servicio Penitenciario, once presos políticos fueron sacados del penal de Villa Las Rosas para ser acribillados en ese paraje, del departamento de Güemes. Hoy sirve  -no sólo para no sacar la mirada sobre esa etapa- sino para lograr en este presente que sus capítulos inconclusos cierren, con certezas en torno de los desaparecidos y la condena a los responsables.

También sirve para mantener alta la custodia sobre una política de cuidado sobre el ejercicio de los derechos humanos. Hay evidencias de las inquietudes que genera una gestión liderada por quién llegó a la Presidencia expresando reparos sobre aspectos colaterales, a los que calificó como “los curros”, sin advertir que quienes son los verdaderos constructores de esta política tienen la piel legítima y extremadamente sensibilizada.

Los poderes del Estado deben seguir en la búsqueda de los archivos de la dictadura y lograr que se quiebre el pacto de silencio que los militares mantienen, seguramente sostenidos por algunos civiles. Para ello,  se debe asegurar que ningún ajuste fiscal perturbe la larga lucha reivindicativa.

Desde el Gobierno Nacional se dijo que la democracia tiene que entender y ponderar que la búsqueda de la verdad va a fortalecer a todos. Debe sacar esa consigna del marco del discurso y mantenerla en el terreno de la realidad.

Salta, 06 de julio de 2017

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