Equilibrio

Opinion 05/07/2017
A pocos días del inicio de la campaña electoral, la atención pública ya se va enfocando en un tema que buena parte de la población considera prioritario. Se trata de la segunda etapa de las paritarias del sector público provincial, cuyos ingresos tienen un fuerte impacto en la economía provincial.
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Estas negociaciones, que se vienen haciendo dos veces por año desde 2015, tendrán en esta ocasión algunas particularidades significativas. Su inicio coincide con uno de los momentos más empinados del proceso electoral que desembocará en las primarias del 13 de agosto. Además, el traslado casi automático del acuerdo al sector municipal también será parte de la negociación porque algunas comunas están mostrando serias dificultades financieras.

Un relevamiento realizado por el Ejecutivo nacional da cuenta que los trabajadores dependientes de los distintos niveles de gobierno en todo el país son casi 2 millones 300 mil, de los cuales casi 70 mil son de Salta. Esa cifra, según este informe,  muestra una relación con la población que ubica a la provincia por debajo de la media nacional. Son 50 empleados por cada mil habitantes, cuando el promedio general en el país es de 51 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. En un extremo preocupante se ubica, por ejemplo, Santa Cruz con 115 y en otro muy positivo, Córdoba, con 35 cada 1.000.

Se trata de guarismos discutibles ya que, con otro criterio de ponderación, mediciones privadas señalan  que en buena parte de las provincias hay un sobredimensionamiento de la planta de personal. Para Salta miden un 38% por encima de lo aconsejable para la prestación de los servicios que presta el Estado.

Pero el eje actual de la problemática pasa por la cuestión salarial. Cabe recordar que en febrero último se logró un acuerdo para la primera mitad del año, de un aumento del 16%, que se pagó de manera escalonada.

Para lo que resta del año, comienza otra discusión y en los aprestos, los gremios estatales están tratando de lograr un consenso para completar por lo menos  un 24%. Se trata de un porcentaje que no sorprende ya que el último incremento otorgado, que corresponde a docentes de la principal provincia macrista, rondó ese valor.

El otro problema que deberá resolverse es el de los salarios municipales, teniendo en cuenta que en algunas localidades la administración municipal está paralizada por reclamos por incumplimientos del acta del primer semestre. Y no falta buenas intenciones en los intendentes; faltan recursos.

El Ejecutivo Provincial deberá llevar adelante una paritaria equilibrada entre las legítimas demandas salariales y la necesidad del oficialismo de no alterar el ánimo ciudadano, en vísperas de elecciones.

Salta, 05 de julio de 2017

 

 

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