Sombras

Opinion 04 de julio
Avanza el proceso de oficialización de listas, que vence esta semana. En este tramo proceden las impugnaciones como la que afecta a la candidatura de Carlos Saúl Menem, senador nacional por La Rioja y ex presidente de la Nación y la que apunta contra una candidata a concejal bonaerense, la intendente de La Matanza, por el carácter testimonial de su postulación.
MENEM

En el primer caso,el trámite provocó la inmediata reacción de las autoridades del Partido Justicialista de su provincia pero, seguramente, no sorprendió a la ciudadanía que tomó nota de la novedad. La oficialización de la postulación de Menem se produjo apenas tres días después que se confirmara la condena en su contra, a siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

Ayer, la Justicia Electoral Nacional hizo lugar a una presentación en contra de esa candidatura realizada por el ciudadano bonaerense Ramón Hernández.  Esa procedencia es uno de los elementos al que echó mano el PJ riojano para pedir la desestimación del pedido de impugnación.

En la conducción de ese partido, con mucha prudencia, se consideró que la presentación, más que una impugnación, es una expresión de deseo de un ciudadano que no quiere que Carlos Menem ingrese al Congreso. Sin embargo, sus principales referentes  ejercieron la libertad de hacer una lectura más compleja y acusaron al Ministro de Defensa del gobierno nacional, su principal conteniente en estas elecciones, de buscar un atajo para frustrar la pretensión reeleccionista del senador.

Por ahora, el principal argumento para defender la candidatura impugnada se basa en que no fue presentada por un residente de la provincia de la que Carlos Menem es candidato. Nada dice de las razones que tiene ese ciudadano para dar legitimidad a su pedido.

El abordaje fue tangencial como cuando el diputado nacional y exgobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, le dio al hecho connotaciones electorales. Es así que cargaron las tintas en que el principal postulante de la oposición, quien tiene actualmente tiene dos imputaciones judiciales por la compra de un rompehielos y de armas a Estados Unidos, en cumplimiento de decisiones del Ejecutivo nacional.

En el caso de la intendenta Verónica Magario, quien se postuló para encabezar la lista de concejales de Unidad Ciudadana, que lidera Cristina Fernández, se sostiene que genera incertidumbre  sobre su intención de ocupar ese cargo. Es que es muy difícil comprender razones que podrían llevar a un intendente dejar esa función para sumarse a un cuerpo deliberativo.

No hay dudas que estas situaciones golpean el corazón de la ética pública. Son, en definitiva, elementos que proyectan sombras sobre la política.

Salta, 04 de julio de 2017

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