Incertidumbre

Opinion 03/07/2017
Con el propósito de convertir a los campesinos y pequeños productores de la provincia en sujetos de derecho para asegurarles su desarrollo humano, económico, productivo, familiar y social, en diciembre de 2010 se sancionó una ley.
pequeños productores

Por entonces se sucedían los intentos de desalojo de familias que ancestralmente ocupan tierras y a otras que por varias generaciones las produjeron para su sustento cotidiano.

La ley 7658 entró en vigencia en enero de 2011 y hasta la fecha no se conocen avances que tornen operativos sus ambiciosos objetivos. Es que a través de la misma se creó el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales  para soluciones el problema de fondo: los derechos de propiedad.

Por ahora esos títulos y el usufructo de las extensas tierras involucradas en ese modo de explotación son de hecho y permanentemente entran en conflicto por la acción de quienes tienen derechos de propiedad sobre las mismas. De allí que se abrió un paraguas, suspendiendo por dieciocho meses la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras poseídas por estas familias.

Vencido el mismo en junio de 2012, se sucedieron dos prórrogas para tapar el efecto de una morosidad inexplicable. Los últimos cinco años trascurrieron sin que haya avances en ese sentido, manteniendo a quienes tienen legítimos derechos en un marco de incertidumbre, además de impedir que puedan materializarse los grandes propósitos de la ley.

A esta altura de los tiempos, lo único que esperan las familias  rurales y los pequeños productores agropecuarios es que se disponga otra prórroga a la ejecución de medidas judiciales que los van a despojar del único bien que pudieron tener en su vida. No pretenden nada más mientras permanecen atrincherados frente al afán de ocupación de los propietarios legales de esas tierras propicias para la producción de la soja y el desarrollo de la ganadería.

Las organizaciones de campesinos saben que el vencimiento de la protección que significa la suspensión dispuesta por esta ley, los deja en el desamparo más absoluto. Ya no se trata de exigir apoyo para la capacitación técnica y científica que apunte a lograr un desarrollo productivo, agro industrial y económico, como ofrece la norma ni obtener financiamiento, acceder a créditos, programas y planes especiales para realizar mejoras en sus viviendas y en sus sistemas de producción agropecuaria, como también promete. Sólo pretenden seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y de propiedad que tuvieren sobre las tierras en las que habitan.

Son más de 300  las familias que de una u otra forma están afectadas, mucho más teniendo en cuenta que necesitan la prórroga de la suspensión prevista inicialmente para solo 540 días, que se han convertido en 2880  y necesitan, por lo menos, otros mil días más. Es que el Senado salió de vacaciones sin dar la media sanción pendiente.

Otra acción que no tiene explicación.

Salta, 03 de julio de 2017

Te puede interesar