Espasmo

Opinion 20/09/2016 Por
La corrupción, uno de los principales flagelos argentinos, tiene por estos días una espasmódica referencia en la Provincia. Ello es debido a dos hechos concurrentes.
LauraAlonoso

En agosto pasado se conoció el primer  Informe de Gestión de la Oficina Anticorrupción Nacional, que dirige una ex legisladora macrista, correspondiente al semestre que cerró en junio pasado. En él se consigna la denuncia hecha por la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, por presuntas irregularidades en obras públicas en Tartagal. Al respecto, el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados incluye un proyecto manifestando al organismo nacional el interés sobre las investigaciones, datos como así también las denuncias realizadas contra el intendente Sergio Leavy.

Más allá de las especulaciones que ante la inminencia de un año electoral generan este tipo de iniciativas, debe señalarse que las denuncias contra intendentes de toda la Provincia, por manejos irregulares de fondos públicos, ha sido una constante en este año. La renovación de jefaturas comunales ha llevado a que buena parte de los intendentes desplazados e incluso, uno que fue reelecto, deban ahora rendir cuentas en la Justicia.

Pero ninguno de ellos tiene la repercusión del caso del intendente norteño, habida cuenta que las acusaciones en su contra se enraízan en causas de orden federal.  Leavy, según el informe de la Oficina Anticorrupción, está acusado por presuntas irregularidades en el uso del dinero enviado por el Gobierno Nacional, para la reconstrucción del área de la ciudad severamente afectada por el alud del 9 de febrero de 2009. Precisamente, el incierto destino de una partida de 200 mil dólares fue la razón que el Concejo Deliberante tartagalense lo destituyera en octubre de ese año. Se mantuvo en su cargo por decisión de la Corte de Justicia, que consuetudinariamente sostuvo a los jefes comunales destituidos.

También se lo vinculó a los desmanejos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo  y fue el propio Sergio Schoklender quien públicamente denunció la relación de Leavy con el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, de  quien le habría entregado 20 millones de pesos aunque él certificó que recibió una partida remitida por el Ejecutivo Nacional de 100 millones.

Más allá de versiones, anécdotas, acusaciones cruzadas, asociaciones con personajes cuestionados judicialmente, lo cierto es que los tentáculos de una estructura corrupta que se investiga en el país llegan al territorio provincial. Y golpean las puertas de la Legislatura Provincial.

De la sabiduría y de intereses que rozan la naturaleza política de los miembros de las Cámaras y del dominio de cada sector político, dependerá si se erige en el ámbito de tratamiento de estas cuestiones. O se dejará que a la tarea la cumpla solamente la Justicia, en sus jurisdicciones federal o provincial, según corresponda.

Salta, 20 de septiembre de 2016

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