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Opinion 19 de septiembre de 2016 Por
Arranca esta semana el análisis legislativo del presupuesto nacional 2017. Se trata de la hoja de ruta del gobierno, la primera que fue elaborada por el equipo de Mauricio Macri.
pratgay

Servirá como radiografía de los objetivos políticos, sociales y económicos de la gestión inaugurada el 10 de diciembre pasado.

De la presentación efectuada el jueves pasado se puede sacar como primera conclusión que la esperanza de este gobierno, para revertir los parámetros más negativos de la realidad socioeconómica, está puesta en la obra pública. El proyecto que ingresó al Congreso contempla un fuerte aumento en los gastos de capital del orden del 32 por ciento. También es significativo el incremento de las partidas destinadas a la seguridad social, que asciende al 35%.

Otro dato revelador es que hay una baja marcada en materia de subsidios a servicios públicos. Esta decisión debe interpretarse cabalmente entendiendo que el financiamiento de las prestaciones se hará por la vía del  ajuste de tarifas.

A estos trazos gruesos deben sumarse estimaciones en las que se puede confiar solo como un acto de fe. Es el caso del crecimiento de la economía del 3,5%, una inflación del 17% anual y un tipo de cambio nominal promedio de 18 pesos. El crecimiento del gasto está estimado en el 22% y el déficit, en un poquito más del 4% del PBI, una aspiración observada como titánica por los especialistas.

Hasta allí, se puede asegurar que el equipo de Hacienda no se aparta de las prácticas propias de la elaboración de un presupuesto, con montos un 35% por encima del último confeccionado por su antecesor, el kirchnerismo.

La diferencia está marcada por la activa participación que vienen teniendo y tendrán los gobernadores, seculares convidados de piedra en la tarea. Por muchas razones, tendrán un papel protagónico en la fijación de muchas pautas y para ello no sólo serán los interlocutores del Ejecutivo Nacional sino los árbitros en las discusiones de bloque.

Los mandatarios provinciales han compartido el desfinanciamiento de las cuentas públicas de sus estados con el tesoro nacional, como consecuencia de medidas adoptadas  apenas asumido el gobierno de la alianza Cambiemos. A cambio recibieron apoyo para endeudarse. Pero ahora van por la compensación por la pérdida sufrida a raíz de la menor recaudación.

Las cifras indican que Salta arranca muy atrás, ya que la coparticipación estimada se ubica tres puntos por abajo del crecimiento de los recursos que administrará la Nación. Sobre esa distribución habrá tironeos y mucho más cuando se analice la grilla de inversión en obras. Allí mirarán no solo lo previsto para la Provincia, sino también lo que recibirán sus pares.

Con este proyecto no sólo se someten a análisis las intenciones políticas del macrismo sino se pondrá a prueba la capacidad de defensa de los intereses salteños por parte de sus representantes. Es una tarea abandonada de manera visible durante la última década.

Salta19 de septiembre de 2016 

 

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