Corrupción

Opinion 15 de mayo de 2019
Nuevamente se corporiza en Salta el fantasma de la corrupción. Es una provincia que no registra demasiados antecedentes de investigaciones, juicios ni mucho menos condenas por razones vinculadas al uso del poder para obtener ventajas particulares ilegítimas e ilegales.
justicia

Particularmente en el último cuarto de siglo hubo marcadas sospechas que nunca se aclararon y cuando se recurrió a la Justicia, las causas prescribieron o las denuncias fueron rechazadas por razones formales.  Hay casos emblemáticos como la llamada Causa de los Intendentes, en cuyo marco un grupo de jefes comunales fueron acusados del uso indebido de fondos de cooperadoras asistenciales. Fundadas acusaciones terminaron naufragando en el mar de las chicanas y de los recursos evasivos que los códigos procedimentales permiten y que los jueces toleran y hasta promueven.

Todas las causas abiertas contra el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, planteadas en 2010, habían alentado la esperanza en la sociedad que los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, alguna vez se castiguen en este Estado. Sin embargo, la principal –conocida como la de La Ciénaga- volvió a foja cero el año pasado, luego de un fallo del Tribunal de Impugnación, cuyos miembros consideraran que la acusación de los fiscales que actuaron originariamente  estuvo mal formulada desde el principio, lo cual afectó todo el procedimiento posterior. Esta es la causa que investiga la supuesta apropiación  indebida de 90 hectáreas destinadas al programa de viviendas sociales “Familia Propietaria”.

Mientras se sospecha que todo lo actuado contra el legislador no tiene quien lo impulse hacia algún destino virtuoso, renació la esperanza en que se investigue y se sancione a los autores de otras maniobras de corrupción. Fueron detectadas por la Justicia Federal en el marco de una causa de evasión impositiva mediante el uso de facturas apócrifas.

En principio, el magistrado actuante resolvió separar de la causa troncal los hechos que indican la posible comisión del delito de fraude a la administración pública en la Municipalidad de Salta, la Provincia y Aguas del Norte, cuyos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público Fiscal de la provincia. De este modo, solo la cuestión tributaria quedará bajo jurisdicción federal.

Esta decisión, que tiene razonables fundamentos,  ha generado inquietud en algunos sectores y desazón en otros. La Fiscalía Federal ha resuelto apelar para evitar que la división de la causa afecte la investigación por asociación ilícita para evadir impuestos con la participación de empresarios y funcionarios públicos.

En el orden provincial, el temor creciente es que todo comience a transitar el camino hacia el archivo en Ciudad Judicial. La Justicia es uno de los sectores en los que la sociedad no deposita ninguna confianza, especialmente cuando se trata de acusar a personas vinculadas al poder político.

De esa manera, la corrupción tiene asegurada su buena salud en un ámbito de impunidad que se fortalece por convicción o ignorancia.

Salta, 15 de mayo de 2019

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