Excesos

Opinion 14 de mayo de 2019
Un particular entusiasmo legisferante va evidenciándose en la Cámara de Diputados. El fin de algunos mandatos y también las pretensiones reeleccionistas llevan a miembros del cuerpo a apurar el tratamiento de proyectos que no han logrado ingresar al debate. No pocos pueden perder su estado parlamentario si no se logra llevarlos al recinto.
año electoral

El afán de los autores también pone a prueba un sistema  cuyo principal filtro es precisamente el debate político o el control en cada bloque respecto de cuáles iniciativas priorizar, por tema o por autor. Es así que en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de este martes se incluye el proyecto de ley de creación de la figura del Defensor de los Derechos del Turista.

Sin dictamen de comisiones su destino es incierto, pero vale considerar que se trata de una muy buena intención que demanda confrontar si sus objetivos no están ya contenidos en la normativa vigente.  Para el caso que no sea así, la Provincia estaría en una situación de falencia notoria, teniendo en cuenta que se trata de un destino que goza indiscutiblemente de la preferencia de visitantes nacionales y extranjeros.

En su primer artículo, la propuesta señala que su  objeto es asegurar una correcta y eficiente defensa de los derechos, garantías e intereses de los turistas que se encuentran de visita en el territorio salteño, entendiendo como tal al que adquiera, utiliza o disfruta los bienes, actividades o servicios turísticos brindados en la Provincia. Tal declaración puede resultar un exceso en un Estado en el que tal figura forma parte de la cultura local, que ha llevado a una adecuación de conductas para incorporarla en la cotidianeidad de la vida social.

Respecto del Defensor de los Derechos del Turista, el  proyecto le asigna la misión de defender, proteger y promover los derechos, garantías e intereses de los turistas, frente a los actos, hechos u omisiones que puedan realizar los prestadores de servicios turísticos de gestión pública o privada, los Poderes del Estado y fuerzas de seguridad.

Los propios fundamentos del proyecto relativizan la necesidad de contar con una figura de estas características. Advierte que las acciones negativas, como una mala o deficiente prestación de los servicios, la falta de cumplimiento de obligaciones asumidas por parte de los prestadores de los servicios o la percepción de inseguridad, pueden afectar severamente el prestigio de un destino. Pero también destaca que el turismo de Salta ha experimentado un crecimiento notorio al punto de constituir en el principal centro turístico del Norte Argentino y uno de los primordiales destinos en América Latina. Si bien todo es mejorable, la actual oferta es de calidad a la luz de los resultados.

En una provincia que carece de un Defensor del Pueblo y los que operan en ámbitos municipales son figuras políticas sujetas a esa condición, no parecen justificar un impacto en la estructura de la administración pública con cargos de dudosa efectividad y costo improductivo.

El año electoral sigue marcando el ritmo de los hechos  institucionales.

Salta,  14 de mayo de 2019

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