Inconductas

Opinion 13 de mayo de 2019
No debe pasarse por alto que, aun cuando la democracia no tiene un valor pecuniario, la realización de elecciones sí tiene un costo económico que todos los países democráticos deben afrontar. Se trata de un inapelable fundamento al que echó mano la Cámara Nacional Electoral para emitir una Acordada Extraordinaria el 25 de abril pasado, requiriendo al Poder Ejecutivo Nacional la asignación y transferencia al Poder Judicial de los correspondientes recursos.
justicia federal

No se trata de una situación inédita porque ya dentro de esta década la Justicia Electoral tuvo que pedir que se acelere el envío de fondos, para no dificultar el armado de elecciones. Pero en esta oportunidad la insistencia ha sido extrema ya que vienen realizándose gestiones desde el año pasado para los trabajos preparatorios y ahora la gestión se realiza con advertencias sobre los perjuicios que acarrea la morosidad del Ejecutivo Nacional, que tiene el presupuesto correspondiente aprobado en tiempo y forma.

Los efectos de la demora fue expuesta hoy en Salta por el Secretario Electoral de la Justicia Federal, cuando señaló razones para no alcanzar mayor efectividad en la represión de incumplimientos de la legislación vigente por parte de partidos políticos y dirigentes. Especialmente esas violaciones están vinculadas al adelantamiento de campañas que específicamente están determinadas en características por leyes y en tiempos, por un cronograma que es estricto y está ampliamente difundido.

El funcionario judicial reconoció que el control y la sanción llevan su tiempo, exigen personal y fondos que en este momento no están disponibles. Esto es lo que con dureza expresa la Acordada Extraordinaria 29 de la Cámara Nacional Electoral, que tuvo que exhortar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a que efectúe la transferencia de los fondos correspondientes.

Para 2019 no sólo se trata del procedimiento ordinario, complejo de por sí, de organizar dos comicios nacionales sino también de poner en marcha un nuevo Sistema de Gestión Electoral y además, por primera vez, realizar las tareas necesarias para la celebración del debate presidencial obligatorio, que también exigen recursos para asegurar equidad en el tratamiento a todos los candidatos.

Le preocupa a la Justicia Nacional Electoral, como debiera hacerlo a toda la ciudadanía, poder cumplir la misión de asegurar la genuina expresión de la voluntad popular en los procesos electorales mediante los cuales la ciudadanía designa a sus representantes. Y ello depende de un cúmulo de tareas que demandan ingentes fondos que, para llegar a destino -por mérito de la burocracia-tienen un derrotero administrativo que si hay demoras, como las que están ocurriendo, puede incluso apremiar la concreción de algunas de ellas, advirtió la Cámara.

Este panorama se agrava con las inconductas de postulantes que imponen sus intereses de un posicionamiento a la obligación de contribuir a asegurar un proceso electoral transparente, que no produzca desviaciones en la toma de decisión del electorado. Y ellas deben ponerse evidencia para el voto sea un castigo.

Salta, 13 de mayo de 2019

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