Tensión

Opinion 09 de mayo de 2019
Si políticamente no se resuelve la situación, el conflicto salarial de Campo Santo debiera judicializarse. Los propios dirigentes gremiales han reconocido que las disidencias entre trabajadores y el Estado empleador pasa por la metodología de pago, consecuencia de la decisión del intendente Mario Cuenca de blanquear los sueldos.
mario cuenca

Se trata de una situación nada frecuente. En abril pasado, el jefe comunal reconoció un error en la liquidación de los salarios de su Municipio que se arrastra desde 2016,  que provocó un perjuicio a sus arcas estimado en 5 millones de pesos. Lo actuado ha desembocado en un conflicto que hoy tiene sitiado al edificio comunal, a los trabajadores en la calle y a un intendente dispuesto a lograr que la regularización de la situación incluya la devolución de lo pagado en exceso.

Los empleados municipales participaron de una audiencia de conciliación en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Provincia,  con resultados infructuosos que llevaron a protestas públicas que trajeron a los manifestantes a la Capital hasta que pudieron exponer sus razones a los diputados. Se quejan porque en los últimos tres meses sufren descuentos que en algunos casos alcanzaron un 80% del monto que debían percibir.

Hoy se conoció un informe gremial que da cuenta que el origen del problema se ubica en 2014, cuando se blanquearon ítems que conforman el salario de un trabajador municipal que no habían sido nunca declarados. Ello llevó a que la base imponible aumente para los trabajadores y llevó a que todos los incrementos sean remunerativos. De allí las altas sumas que cobran, por ejemplo, por antigüedad.

La dirigencia gremial reclama una nueva negociación y destaca que casi todos los municipios pagan parte de los sueldos en negro, para tornar viable su pago. Cuestionan la actitud del intendente en problemas, que al haber puesto todo en norma, no tuvo previsibilidad respecto de su impacto en las finanzas del municipio.

Es cierto que el Estado, que tiene el poder de policía para controlar la aplicación de las leyes, es acusado de imponer en materia laboral formas de contratación que no se tolera en las relaciones de trabajo en el ámbito privado. No menos cierto es que sobre la dirigencia gremial cae la sospecha de negociaciones espurias para sostener la cantidad sobre la calidad en la administración pública. Esto es, más empleo público y más sueldos a costa de la legalidad.

Los resultados saltan a la vista. La estructura del empleo público está sobredimensionada, incluso a nivel provincial. Las grillas salariales son complejas para disimular la evasión de aportes que son obligatorios para el resto de los trabajadores y los empleadores. Pero sin esas formas, los gobiernos no tendrían capacidad de absorber tanta mano de obra.

La política debe resolver este tipo de problemas. La Cámara de Diputados se ha comprometido a intervenir y la resolución será relevante para equilibrar la tensión que generan las carencias.

Salta, 09 de mayo de 2019

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