Dato

Opinion 11 de abril de 2019
La propia dirigencia política le da razones al hombre común cuando considera que ese sector está contaminado por la corrupción. En la apertura del debate de ayer sobre un reordenamiento del estacionamiento de ómnibus turísticos, un concejal advirtió que en el tema podía circular “la banelco” y no cundió la indignación entre sus pares, que sin excepción habían quedado bajo sospecha. En otro caso, otro edil expresó su desconfianza en los órganos de control en cualquier nivel de gobierno.
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Desde hace casi dos décadas, “la banelco” es la expresión que en la Argentina indica que se está sobornando a algún funcionario para lograr un favor. Según un testigo presencial, con ese sentido fue utilizado en el año 2000 por el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, para indicar que el trámite parlamentario de la ley de flexibilidad laboral no iba a tener ningún obstáculo pese a que en el Senado, el oficialismo no tenía mayoría.

Fue el dirigente de camioneros Hugo Moyano el que en un programa periodístico hizo pública tal circunstancia y a partir de allí se abrió una dilata causa penal, que terminó con sanciones muy laxas sobre políticos peronistas que ya se habían retirado de la actividad. La ley que se sancionó en esas condiciones, que lleva el número 25.250, sigue vigente aunque con reformas.

“Para los senadores tengo la Banelco” fue la frase que se reactualizó ayer cuando parafraseándola el concejal justicialista Ernesto Alvarado, autor del proyecto de ordenanza para prohibir el ingreso al micro y macro centro de transporte colectivo de dos pisos, advirtió que podría ocurrir en el tratamiento de este tema. Y destacó que en la cuestión estaban interviniendo también funcionarios del Ejecutivo municipal.

Pero la acusación no impactó en el ánimo de los ediles, que se metieron de lleno a debatir la iniciativa y la llevaron de regreso a comisiones. Advirtieron que si bien llegaba con dictamen favorable y había mayoría a favor del objetivo, eran muchos más los reparos por la falta de una adecuada playa de transferencia de pasajeros. De esa manera, se desplazó el centro de la discusión a la situación de la estación terminal de ómnibus de la zona del Portezuelo.

La naturalización de la corrupción y de las acusaciones al respecto que sufren los dirigentes políticos, jugaron quizás para que -excepto de algunas lavadas referencia- no se tomaran en serio los comentarios del concejal peronista. En el ámbito político, incluso, no se considera importante el control que ejercen los organismos constitucionalmente habilitados al respecto.

Lamentablemente no se puede confiar en ninguno de ellos, fue la crítica del concejal olmedista  Santiago Alurralde. Por Aries hizo extensivo a la Justicia el cuestionamiento que alcanzó a la Auditoría General de la Provincia y al propio Tribunal de Cuentas de la Capital. No hay independencia política, fue su reflexión.

Debe la ciudadanía resistirse a tomar a la corrupción como un dato más de la realidad política provincial.

Salta, 11 de abril de 2019

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