Deseo

Opinion 10 de abril de 2019
La Cámara de Diputados pidió a los legisladores nacionales por Salta que impulsen una ley de emergencia alimentaria. Sumaron así una nueva gestión a la encarada por la liga de ministros de Desarrollo Social, de la que forma parte la Provincia, que lo había requerido al Ejecutivo Nacional en setiembre pasado, cuando los ministros de Economía negociaban el ajuste fiscal. Con la declaración aprobada anoche también se alinearon a la campaña que desde octubre de 2018 llevan adelante distintos grupos sociales como Barrios de Pie o los Cayetanos.
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De ese debate, lo más relevante es que se expresó el interés de los legisladores por conocer cómo se usan recursos destinados a la asistencia alimentaria, incluyendo a los que provienen de un impuesto con destino a cooperadoras asistenciales. A todas luces hay una responsabilidad amplia de políticas nacionales pero también concurren los gobiernos provinciales y los municipales.

Cabe recordar que la Argentina adhirió al programa de desarrollo de Naciones Unidas, que plantea 17 objetivos hasta 2030. El primero es el de eliminación de la pobreza y el segundo, el de hambre cero. En ese orden, dicho programa la reconoce como pionera en un nuevo enfoque de asociación de cooperación internacional, que responde a las realidades de un país de ingresos medios superiores. Destaca que tiene una economía considerable, con décadas de avances en el desarrollo, pero que aún tiene pendientes importantes desafíos, especialmente los de carácter económico y los vinculados a desigualdades arraigadas.

En diciembre de 2016, el gobierno de Cambiemos logró por un año una ley de emergencia social en todo el territorio nacional, para paliar la compleja situación de los trabajadores de la llamada economía popular. También dispuso que se trabaje en  la emergencia alimentaria a través de una mesa que aborde el drama de la desnutrición, la pobreza y la indigencia de los más de seis millones de niños que a ese momento no tenían garantizada la seguridad alimentaria.

Lo que ocurrió en la realidad es que se impuso un fuerte ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional y los números de la pobreza se profundizaron. Todo es asignatura pendiente pese a las demandas de amplios sectores sociales, académicos y políticos.

La crisis política y económica fue citada por los ministros provinciales que trataron la cuestión cuando se discutían los números del presupuesto 2019, reconociendo la evidente repercusión en la cuestión social que, de todas maneras, no iba a frenar el apoyo de los gobernadores a los recortes fiscales. En el documento que firmaron, los funcionarios dejaron expresada la preocupación sobre la Asignación Presupuestaria destinada a las áreas sociales y ante la pérdida de la Seguridad Alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, pidieron al Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional que sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional.

Tampoco lograron nada los gremios, organizaciones sociales y los obispos que apoyan la campaña lanzada en octubre pasado bajo la consigna Hambre No, que cada jueves instala ante el Congreso y en distintos puntos del país, millares de ollas populares. El Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina sostuvo que 4 de cada 10 niños sufren carencias alimentarias. El 40 por ciento de los que asisten a los comedores populares están en riesgo de desnutrición.

Ante este panorama, la decisión de los diputados es nada más que una manifestación de deseo y se necesita mucho más que eso.

Salta, 10 de abril de 2019

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