Vaciamiento

Opinion 05 de abril de 2019
El próximo miércoles se dará a conocer el índice mundial de calidad institucional que elabora la Fundación Libertad y Progreso. Es un dato indicativo de la realidad de un país que no es evidente sino a través de distintos factores que, en conjunto, dan cuenta cuál es la calidad de vida de su población.
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El último que se conoció, correspondiente a 2018, coloca a la Argentina en el lugar 119 entre 191 naciones de distintas partes del mundo. En la región, la situación de Venezuela evita que aparezca en los últimos escalones.

Por ahora, la cuestión de la calidad institucional parece ser materia de especialistas pero se trata de un dato que repercute en la vida cotidiana del hombre común. Libertad y Progreso asegura que hay un claro vínculo entre calidad institucional y calidad de vida, medida según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y con el nivel de ingresos, según el PBI per cápita. Pero también condiciona las inversiones, la innovación y la calidad ambiental.

Para establecer este índice de calidad institucional se analiza la situación de indicadores como la seguridad jurídica, la rendición de cuentas, libertad de prensa, la percepción de corrupción, además de otros factores como la competitividad global, la libertad económica y la facilidad para hacer negocios. Esta enumeración da cuenta que en cualquier medición, la Provincia tira para abajo.

En pleno proceso de ajuste dispuesto por la administración nacional, Salta fue a contramarcha aumentando la presión fiscal y dejando fuera de mercado a varios sectores que tienen a la pequeña y mediana empresa como protagonistas. No es un foco de atracción de inversiones en tanto carece de una infraestructura de desarrollo en materia de comunicaciones y energía.

Respecto de rendición de cuentas está demostrado que los dos últimos gobernantes, que ocuparon cuarto de siglo de gestión, no expresaron ninguna adhesión al control público y manipularon todas las instituciones vinculadas al respecto, digitando su integración. Tuvieron la misma actitud respecto de la Justicia, desalentando cualquier investigación en torno del manejo de recursos públicos. Nunca disiparon la sospecha de corrupción; al contrario, la fortalecieron a partir de un evidente cepo a todo intento de revisión de actos irregulares, en el mejor de los casos.

Ello ha llevado a que se imponga un clima de impunidad, que permite que la Constitución sea letra muerta o solo un compendio de normas aplicables a quienes no pertenecen a la camarilla del poder que gobierna la Provincia. Desde el Foro de Observancia de la Calidad Institucional de Salta se ha advertido que las intromisiones del Gobernador de la Provincia en la Corte de Justicia y la Auditoria General demuestran su desprecio por instituciones que son fundamentales en el sistema democrático. Un dato no menos importante es el intencional debilitamiento de los partidos políticos, que no pueden garantizar una acción de gobierno pero tampoco controlarlo desde la oposición.

Si esas instituciones no recuperan su competencia y atribuciones, se vaciará de contenido a la expresión de la voluntad popular.

Salta, 05 de abril de 2019

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