El Estado no quiere control

Opinion 27 de marzo de 2019 Por
El fin de semana pasado, estuve en Buenos Aires y a mí me gusta pasear por el Delta. Allí hay algo que me sorprendió: es la casa de Sarmiento que está intacta. Tiene una cobertura de vidrio, como jaula, que la protege de las inclemencias del tiempo. Mirándola a mí se me ocurrió que con la Auditoría General de la Provincia se debiera hacer lo mismo; es decir, cerrarla y no dejar salir a los que están dentro hasta que no terminen de poner al día la tarea que es de su responsabilidad. En tanto, habría que habilitar otra casa y empezar de cero porque si no tenemos una Auditoría que controle a los gobiernos, indudablemente no tenemos nada.
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Lamentablemente, en la Auditoría hay más cargos políticos que en la misma Corte de Justicia, señalada por padecer esa desviación institucional. De allí la corruptela permanente en distintos ámbitos del Estado; por eso la corrupción de los intendentes. Después nos asombramos de cómo roban o de la impunidad con la que se manejan algunos de ellos.

Por ejemplo allí está el jefe comunal de Pichanal Julio Jalit, quien dijo que robar es para inteligentes y él lo es, comprometido con una contratación que se cuestiona. Contrató a Los Kjarkas y les va a pagar 70 mil dólares para actuar en un pueblo, a cuyos pobladores los está consumiendo el hambre. Entonces, corresponde preguntar quién tiene el manejo de todo eso, cómo se hace, cómo figuran estos gastos en los presupuestos.

Estas prácticas no eran posibles  cuando existía el Tribunal de Cuentas, que realizaba el control previo y posterior  de un gasto de Gobierno.  Un gobernador o un intendente que quería hacer una contratación o una inversión, debían consultar al Tribunal de Cuentas. Si el organismo le daba el Ok, un gobierno podía hacer una obra y eso causaba indudablemente algún tipo de demora en la ejecución de las obras porque el Ejecutivo no tenía la potestad de actuar sin su autorización.  El Tribunal, en tanto, estaba obligado a publicar la Memoria anual de sus pronunciamientos. La correspondiente al último año del gobierno de Roberto Romero fue un muestrario de sus excesos. Quién los publicó hizo gala de su independencia política y su nombre se recuerda con fuerza: Roque Rueda, un radical. Su nombre y su apego a la transparencia fueron heredados por su hijo, quien fue concejal y promovió investigaciones que la Justicia frustró.

Con la reforma constitucional de 1998 se cambió el modelo de control público para blindar a los gobernantes frente a los afanes de organismos de control o de los controladores. Allí surgió la Auditoría General de la Provincia, para el beneficio de ciertos grupos de poder.  Esta Auditoria debiera llamarse Roque Rueda, porque es quien inspiró un modelo en un sentido contrario, que controla después que la obra ha sido hecha.

Actualmente, los informes de la Auditoria llegan cuatro años después, cuando ya la gente se olvidó lo que investigaba, porque los cajonea a pedido de la clase política. El caso Jalit demostró que no se sabía cuándo se hizo la última auditoria y mucho menos se conocían sus resultados. Es muy riesgoso que la Auditoria de la Provincia no tenga las cosas al día.

Peor aún si se tiene en cuenta que tenemos una Justicia acusada de un montón de cosas y todo sigue igual. No hay controles de parte del Estado porque no le interesa ser controlado. Aquí se pueden hacer las cosas con total impunidad.

Una de las medidas que debiera tomar el próximo gobierno de la Provincia es cerrar la Auditoria General porque si la situación descrita no cambia estamos en el horno, esto no avanza más y van a seguir robando porque además están protegidos por los mismos organismos del Estado.

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