Escenario

Opinion 14 de marzo de 2019
Muchas pretensiones pueden caer antes que formalmente comience la campaña electoral. Se trata de propósitos que iban a reforzar la continuidad del oficialismo como opción de gobierno. El reclamo salarial surgió como un obstáculo complejo a vencer.
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El Ejecutivo Provincial mejoró sensiblemente su oferta, no sólo desde el porcentaje de ajuste sino a través de concesiones que venían negociándose desde hace bastante tiempo. Ello fue a costa de dejar en el altar paritario hasta previsiones presupuestarias aprobadas para el corriente ejercicio fiscal.

El propio Jefe de Gabinete anunció que se postergarán obras públicas para pagar un incremento salarial que superará generosamente la proyección inflacionaria sobre la que se realizó el cálculo de gastos y recursos para 2019. Pagadero en cuotas, el aumento ofrecido –y aceptado por la dirigencia gremial- es del 35%, más dos bonos compensatorios por un total de $5.000 por trabajador y una cláusula de redeterminación trimestral. Fue presentado como un "gran esfuerzo presupuestario", porque la partida salarial se engrosará con 9.500 millones de pesos más.

Esta decisión aplasta lo que en noviembre pasado había sido presentado como una muestra de eficiencia de gestión, a contramarcha del ajuste nacional. Fue precisamente el titular de la Jefatura de Gabinete el que destacó ante los legisladores provinciales al presentar el proyecto de presupuesto que mientras la Nación reduce en 50% el nivel de obras públicas, la Provincia no solo lo sostiene sino que lo aumenta un 8%, con una fuerte inyección de recursos propios. En esa misma circunstancia, el Ministro de Economía avivó el entusiasmo al anunciar que estaban dadas las condiciones y adoptadas las previsiones para generar un superávit financiero este año de unos 122 millones de pesos.

El tema salarial no fue motivo de consideraciones ni en la presentación ni en el debate del presupuesto. Alcanzaba con la referencia inflacionaria y acordar luego la progresividad en la aplicación del ajuste. Sin embargo, no se ignora que es una masa dineraria significativa dentro del presupuesto anual de esta y de todas las provincias argentinas. Mientras que para la Nación los salarios representan solamente el 12% de su composición de gastos; para las provincias en general oscila en el 60%. Ese impacto en un marco de altísima inestabilidad convierte a la cuestión salarial en un dato vertebral referido al gasto público.

Los negociadores desde el sector laboral son los docentes, quienes tienen una herramienta muy eficaz para debilitar la resistencia de la patronal. Cerrar las aulas a centenares de miles de niños y jóvenes termina representando un alto costo político para el gobierno, por la historia de los conflictos que plantean los maestros y el efecto dominó sobre todos los sectores de la administración pública, incluida la municipal. Por eso, la lucha que no cedió a la tentación de la mejora, tiene ahora colectoras en la protesta de trabajadores de salud y de vialidad, entre los más visibles.

La puja bajó a la calle y ese escenario exige un ejercicio de alta política.

Salta, 14 de marzo de 2019

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