Eficacia

Opinion 07 de marzo de 2019
El control público en Salta hace agua. Además del atraso en el tratamiento de cuentas de sucesivos ejercicios del Ejecutivo Provincial, que impiden conocer en tiempo y forma cómo se manejan los recursos públicos, periódicamente trascienden problemas en la administración de diversos municipios. Muchos de estos casos se denunciaron judicialmente pero no se conoce el avance de ninguna causa.
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Tribunales de Cuenta Municipal, Auditoría y Sindicatura General de la Provincia, tribunales del Poder Judicial y fiscalías del Ministerio Público, conforman un entramado que debiera asegurar un estricto control del manejo de recursos y bienes públicos, dando la seguridad a la ciudadanía que no hay un manejo espurio y si sucediera, hay severas sanciones. Al control público económico y jurídico se suma el político, puesto en cabeza de la Legislatura Provincial y los Concejos Deliberantes.

El monumental aparato no pareciera funcionar y si lo hace, el paso del tiempo lava culpas, borra huellas y arrincona en ignorados archivos los antecedentes de causas y casos. Uno de los ejemplos más contundente es la que se conoció como la causa de los intendentes, que involucró a varios intendentes por ilícitos cometidos con fondos de sendas Cooperadoras Asistenciales.

Solamente una repercusión mediática o la puja interna por espacios de poder revela anomalías en la administración pública. Este año electoral ya ha marcado un hecho con el escándalo que involucra al jefe comunal de Pichanal, que se originó en la amplia difusión de una polémica expresión que –según afirman los lugareños- solía repetir y que vincula a la inteligencia con la posibilidad de cometer robos.

Pero el caso no es lineal y la inmediata reacción de la corporación política le hizo flaco favor a ese mismo sector. Del hecho central, que dio lugar a una denuncia por apología del delito, se abrió un amplio abanico que incluye la crítica a un supuesto blindaje político que permitió que durante 16 años, coincidentes con cuatro mandatos consecutivos como intendente de Pichanal, creciera la fortuna personal de Julio Jalil.

Ese blindaje se expresa en el cuidado que se reclama desde los más altos niveles de la conducción política provincial respecto de la situación institucional del municipio. Para ello y por indicación del propio gobernador Juan Manuel Urtubey, se está preparando una auditoría de las sus cuentas. No sería la primera, ya que la Auditoría General de la Provincia hizo algún trabajo al respecto.

A mediados del año pasado aprobó la auditoría realizada del ejercicio fiscal 2014, que arrojó inquietantes resultados. Se hicieron 29 Observaciones y nueve Recomendaciones, que llevaron a que el organismo advierta que la tarea realizada evidencia la situación de debilidad en el control, “que puede dar lugar a que se propicien o concreten distintas irregularidades, en perjuicio del ente auditado”, como señala el informe final.

En junio de 2018 nadie tomó nota de la advertencia y aunque la propia Auditoría tiene la facultad de promover acción judicial ante la eventualidad de daño al fisco, no tuvo demasiada trascendencia tal muestra del desorden administrativo de esa comuna. Es así que hoy están en tela de juicio no solo la honestidad de un intendente, sino también las intenciones de la Justicia y la eficacia del control público.

Salta, 07 de marzo de 2019.

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