Costo

Opinion 05 de marzo de 2019
Para ser ladrón se necesita ser inteligente y yo soy inteligente. El silogismo debía cerrar diciendo soy ladrón pero ya no fue necesario abundar. Los aplausos así lo indicaron. La otra cara de la moneda es una Justicia que no manifiesta urgencia en investigar delitos en la administración pública; sin excepciones.
juliojalit

La escandalosa expresión fue vertida el viernes pasado, cuando el jefe comunal de Pichanal se presentó ante el Concejo Deliberante para rendir su informe de gestión y dejar inaugurado el período ordinario de sesiones. Julio Jalil hizo lo que es tradicional en su gestión e improvisó su exposición y nadie encontró segundas intenciones en sus dichos,

Ante lo que consideraron es un abierto gesto de impunidad, concejales de Pichanal se presentarán mañana en el Ministerio Público para informarse cómo marcha la causa. Fue objeto de varias denuncias, además que la Auditoría informó en sus informes sobre una serie  de incumplimientos.

Jalil representa prácticas que suelen verificarse en distintos municipios. Repiten indefinidamente los mandatos, no aplican las normativa vigente en materia contable y no aceptan formas de control público, bastantes laxos por cierto.

El resultado de este tipo de gestión, también lleva a repetir los resultados. La población ha observado un importante proceso de enriquecimiento que lo ha llevado en 16 años desde su trabajo como empleado de una estación de servicios a convertirse en propietario de más de 10 mi hectáreas en plena producción,  de maquinarias y de empresas de servicios. En su patrimonio también incluye un Registro del Automotor.

Por eso es que se considera que fue la impunidad lo que llevó al intendente de Pichanal a ponderar su inteligencia, un talento exigible a los ladrones. Es uno de los intendentes más corruptos del país, aseguró Facundo Gabriel Monteros, uno de los cinco concejales de la oposición y denunciante.

En este tipo de gestiones, de intendentes que se enriquecen en la misma medida que se empobrecen sus municipios, se hacen uso y abuso de recursos para perpetuarse en el poder. Cuentan para ello con un control de las cuentas públicas casi inexistente y una justicia que en la Provincia, especialmente en los últimos 24 años de gobierno a manos de dos mandatarios, no hizo nada por investigar, aunque más no sea algunas situaciones sospechosas.

Las denuncias por enriquecimiento ilícito no registraron avances en el caso de Jalil y tampoco otras vinculadas al mal manejo de los recursos del Estado. Por ello es que se ha comenzado a naturalizar que, al menos en el caso planteado, la función pública es para transformar en privado lo que es un bien público.

Es sabido que el costo de la corrupción la paga el sector más vulnerable, que no es otro que el que necesita que el Estado sea el árbitro entre intereses contrapuestos.

Salta, 05 de marzo de 2019.

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