Dato

Opinion 11 de febrero de 2019
La polémica Ley Nº 8129, sancionada en diciembre de 2017, sigue impactando en el ánimo de los operadores económicos de la Provincia, incluso del Ejecutivo. Fue notoria la irritación del gobernador Juan Manuel Urtubey ante la posibilidad que Salta sea objeto de sanciones por el incremento de la presión tributaria. Todo ello en medio de claras señales de la profundización de la recesión como en el resto del país.
paseo guemes

La mencionada ley es la que aprobó, con un apoyo crítico del oficialismo, el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho pacto interviene en la presión impositiva, imponiendo límites en ambos extremos, intentando armonizar su peso en todo el territorio y buscando progresivamente su baja.

En la ley de aprobación se aprovechó para llevar al techo permitido el impuesto a los Ingresos Brutos, la principal fuente de recaudación provincial y desde ese punto encarar la reducción progresiva que es el objetivo del Consenso Fiscal.  Muchos sectores económicos provinciales vieron incrementada significativamente la contribución al fisco y esa fue la razón que encontraron para la caída de sus ingresos. Los más perjudicados habían sido considerados en la ley, pero fue de manera insuficiente a la luz de los resultados.

La cuestionada ley previó la creación de Fondos de Promoción específicos, destinados a la actividad turística, comercio  y a la industria manufacturera, para financiar programas de incentivo. No lograron equilibrar el impacto negativo porque al aumento de alícuotas se sumó la paralización del crecimiento, que registró índices negativos en las distintas ramas.

La caída de la actividad comercial, que se expresa en el cierre de locales y el consiguiente desempleo, se suma la denuncia de la Unión de Jóvenes Empresarios de Salta, que a través de su titular Raymundo Sosa, marcó una caída del consumo entre 25% y 40% en rubros vinculados al turismo. El dirigente expresó preocupación porque hacia fines del año pasado hubo una retracción considerable, que había hecho suponer que se había tocado piso. Ese límite fue horadado en enero y ha movilizado, en principio, a los empresarios gastronómicos del Paseo Güemes.

En tanto, la Secretaría de Turismo del municipio capitalino hizo conocer un informe que indica que  enero cerró con más del 50% de ocupación hotelera. Es cierto que la estival no es la etapa más alta del turismo en Salta pero se venía avanzando para revertir esa situación, con una inversión significativa desde el Estado y un fuerte compromiso del sector privado.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en base a los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación, muestra que el incremento de la recaudación en Salta es consecuencia de una mayor presión impositiva, que la ubica en segundo lugar entre las que más aumentaron y ante el riesgo de sanciones por parte del gobierno central, ha surgido  un foco de conflicto en la relación Nación-Provincia, que tendrá impacto fiscal preocupante.

No es buen dato para un año que está aún en sus inicios.

Salta, 11 de febrero de 2019

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