Transparencia

Opinion 25 de enero de 2019
Un grupo de periodistas salteños activó el reclamo por una ley de información pública. Dejó el planteo en las propias manos del gobernador y aspirante presidencial Juan Manuel Urtubey.
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En el país, el derecho de acceso a la información pública está regulado por la Ley 27275, sancionada en setiembre de 2016. El objeto esta norma no solo es el de garantizar el efectivo ejercicio de este derecho sino también promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de manera activa. El acceso es amplio, no solo en referencia a los contenidos sino respecto de una práctica ilimitada por parte de los actores, salvo las excepciones previstas por la misma ley.

Para entender la trascendencia del derecho de acceso a la información pública, debe considerarse que comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia del Estado. Esa información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor y su acceso debe ser gratuito. Están obligados a suministrarla todos los organismos de la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma y no solo cabe al Poder Ejecutivo sino también a los otros poderes. Además, la obligación alcanza, entre otros, a  prestadores de servicios públicos o permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y las organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera a los mismos. Entre otras cuestiones, deben publicitarse la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria, las escalas salariales, el presupuesto asignado a cada área, las transferencias de fondos y el listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicio.

Si bien la ley es nacional, crea el Consejo Federal para la Transparencia como organismo interjurisdiccional de carácter permanente. En ese ámbito tienen activa participación las provincias para la concertación de políticas en materia de transparencia. Salta será en marzo sede de su próxima reunión.

En la Provincia, la norma vigente en la materia es un decreto de setiembre de 2002, que determina el estándar mínimo de acceso a información de la administración pública, que apunta a facilitar el cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial. Este decreto fue la opción a una ley que la legislatura había sancionado en agosto de ese año y que fuera vetada porque el Ejecutivo, ejercido por el entonces gobernador Juan Carlos Romero, consideró que incursionaba en materia ajena a la competencia de las Cámaras.

Desde entonces, hubo pequeños avances; quizás el más significativo fue la decisión en 2009 de habilitar el acceso libre y gratuito vía internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial, durante el día administrativo hábil de su publicación. Desde 2012, se puede consultar la base de datos que actualmente está digitalizada hasta 1974.

Luego hubo mucho ruido y escasos resultados públicos en torno de un debate participativo para elaborar un proyecto de Ley de Gobierno Abierto, que tiene a la información pública como elemento sustancial. La campaña fue lanzada por el gobernador Juan Manuel Urtubey en mayo de 2017 y a casi dos años no alcanzó su objetivo.

Es cierto que en el ámbito legislativo nunca se abandonó la inquietud por lograr una ley, especialmente desde la alicaída oposición, como un intento de promover la calidad institucional en franco deterioro. Quizás el empujón de hoy ayude a correr la cortina de pretextos que ocultan la reticencia a abrir las puertas de los oscuros palacios desde donde se gobierna.

Salta, 25 de enero de 2019

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