Responsabilidad

Opinion 05 de diciembre de 2018
La medianía describe la actividad del Concejo Deliberante capitalino, que cierra su período ordinario con la sanción de las ordenanzas presupuestaria y tarifaria, correspondientes a 2019. El cuerpo funcionó regularmente y solo al final se puso al borde de la frustración porque una laboriosa tarea no alcanzó para sancionar una norma, demandada por una amplia franja de vecinos pero rechazada por otra, menos significativa pero más ruidosa.
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Muchos temas pasaron por los debates y buena parte de ellos fueron de significativo sentido social. El actual es un cuerpo muy abierto a las demandas de los capitalinos, más allá si sus miembros logran dar respuestas conducentes desde las bancas. Al menos lo intentan, con suerte diversa.

El acuerdo caracterizó las sanciones y el oficialismo, que actúa cómodo porque tiene mayoría, no fue cuestionado por imponer siempre el número. Un ejemplo de ello serán el presupuesto y el régimen tarifario, respecto de los que hubo un trabajo conjunto con la oposición en las comisiones que llevó a modificaciones que facilitarán la aprobación.

La habilitación de un tramo de manifestaciones en la apertura de las sesiones semanales fue la vía de escape de presiones políticas. Fueron los momentos en que cada sector dijo lo suyo sin cortapisa.

Sin embargo, el afán de acercar posiciones no sirvió para avanzar en el proyecto de actualización de la normativa vinculada a la instalación de estructuras soporte y antenas de telecomunicación y telefonía celular. El tratamiento del tema generó un amplio debate y se llegó a crear una comisión especial para el análisis técnico del articulado.

Ningún sector se sustrajo de participar en el análisis posterior a la sanción en general del proyecto del oficialismo, que se asienta en la necesidad de mejorar las telecomunicaciones y confronta con el supuesto de daños a la salud que expusieron algunos concejales de la oposición. La modalidad adoptada para el tratamiento permitió la intervención de especialistas que permitieron alcanzar un dictamen que a última hora perdió unanimidad. La pretensión es la de llevar al año próximo la decisión sobre el particular.

No se discute la necesidad de actualizar la normativa vigente desde 2001. Por entonces, en el país funcionaban 4 millones de celulares; actualmente superan los 45 millones. Además, hay avances tecnológicos que demandan nuevas condiciones de transmisión de datos y mayores usos de esos recursos.

Los usuarios crean situaciones que exigen mayores inversiones por parte de las prestadoras de servicio y estas demandan romper cercos que crearon regulaciones para otro momento. Pero no menos cierto es que hay otras demandas que no pueden desatenderse, más allá de su razonabilidad. Y es el Estado el que debe dar certezas que se han adoptado todos los recaudos en materia sanitaria.

Esta cuestión pondrá a prueba un sistema que carga la responsabilidad a las estructuras institucionales de poner a resguardo los intereses de la sociedad. Reconocido el conflicto, las decisiones no deben adoptarse según el ruido que produzcan las demandas. La política debe dar soluciones a los problemas comunitarios porque su función no es generar votos.

Salta, 05 de diciembre de 2018

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