Latencia

Opinion 30 de noviembre de 2018
Cierra hoy el período ordinario de sesiones en la Legislatura Provincial aunque de hecho quedó clausurado ayer, cuando el Senado deliberó para sancionar el Presupuesto 2019. Tal es condición impuesta por la Constitución Provincial, aunque todo indica que ese es un dato menor que lo aplican cuando así le conviene al Gobernador o a la mayoría oficialista. Prueba de ello es el atraso en el tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio exigible.
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En general fue un año productivo aunque finaliza dejando un conflicto en puerta que cuando se resuelva, quizás sea una formalidad.

La productividad del año tiene que ver con la regularidad de las sesiones y no tanto con la calidad de los proyectos. Hay algunas iniciativas que hubiesen merecido un debate más profundo y otras, debieran haberlo tenido. Como es de práctica, el gran legislador en la Provincia es el Poder Ejecutivo y son escasos los proyectos dignos de mención que han tenido origen en la iniciativa de diputados o senadores. Sí merece un punto a favor las intervenciones  en comisión o plenario para mejorar las propuestas.

Hubo proyectos que ni siquiera ingresaron y debieran haberlo hecho y hubo decisiones legislativas que no se adoptaron en el ámbito correspondiente. Es el caso, por ejemplo, de la prórroga de la emergencia económica que viene imponiéndose desde hace casi tres décadas por Decreto de Necesidad y Urgencia. Este año no fue la excepción y con ambas cámaras funcionando a pleno, el Poder Ejecutivo echó mano a un recurso extraordinario para mantener en vigencia una medida de excepción. Nunca suena la hora para que los legisladores encaren la discusión de la cuestión que, especialmente, pone a cubierto al Gobierno  en desmedro de la ciudadanía, que ve cercenados algunos de sus derechos.  Cuando se reinicien las actividades ya habrán vencido los plazos que la Constitución impone para tratar el DNU, que quedará de hecho convertido en ley.

Otro proyecto que se aguardaba era el de aprobación de la adenda al Pacto Fiscal que suscribiera el Gobernador con el Presidente de la Nación, que facilitó un nuevo apoyo del Fondo Monetario Internacional. Seguramente podrá ser aprobada, si es necesario, por otro DNU.

La calidad institucional no es un rasgo de la democracia en la Provincia. La dirigencia política que ocupa cargos electivos suele decir que el ciudadano no anda con la Constitución bajo el brazo y por ello pide soluciones al nivel de gobierno más accesible. Por eso, quizás también aprovecha esa supuesta ignorancia para actuar en el límite constitucional.

Allí, por caso, está el origen de un conflicto que se ha originado en la decisión del justicialismo de avalar el reemplazo de un diputado suspendido, por quien le seguía en la lista de electos, con el pretexto de no dejar sin representación un departamento que, en realidad, tiene dos diputados. El Tribunal Electoral intervino en esa decisión, mencionando a quien por orden de votación debe cubrir la vacancia, que es el punto de discusión. Según la Constitución –y así lo marcó un grupo de legisladores que cuestionaron la incorporación- un diputado desaforado está suspendido pero no expulsado ni perdió su banca. La vacancia procede por muerte, renuncia o licencia para ocupar cargos en otro estamento del Estado.

Pero nada cambiará porque el fin del período ordinario de sesiones no solo alcanza a la actividad en el recinto. Todo un poder ingresa en un estado de latencia que, por práctica, en Salta solo puede alterar el mandamás de la Provincia.

Salta, 30 de noviembre de 2018

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