Retirada

Opinion 28 de noviembre de 2018
Casi seis horas sirvieron ayer no solo para dar media sanción al proyecto de ley sino para dejar claramente sentado que el de 2019 no es el presupuesto del ajuste; lisa y llanamente es el presupuesto de la pobreza.
Legislatura Salta-640

Prueba de ello es el fortalecimiento de las asignaciones a todas las áreas vinculadas al asistencialismo. No fue el único dato distintivo; a todas luces, es el último presupuesto que deberá administrar Juan Manuel Urtubey en su condición de gobernador de la Provincia y esa circunstancia provocó que su propuesta sea aprobada solamente por su tropa, bastante diezmada tras doce años de gestión.

El oficialismo tuvo que llevar adelante la dura tarea de fundamentar una distribución de partidas escasas, un reflejo del presupuesto nacional recientemente sancionado con el apoyo de la conducción política de la Provincia. El gobernador levantó las manos de legisladores que debían desempeñar un rol opositor en el Congreso pero sumaron votos a favor de una restricción de gastos que afecta severamente a Salta. De allí que justificar la estrechez del proyecto provincial por la mezquindad y el fracaso de la administración de Cambiemos, no convenció. Por el contrario, mostró un flanco débil propio de la vulnerabilidad de un gobierno que organiza su retirada.

En rigor de verdad, no hubo cambios en la estructura de la propuesta y de allí que desde la oposición no se dudó en calificarla de dibujo. El principio que exigía el mandatario provincial a su par nacional, de enfrentar la crisis no sólo reduciendo gastos sino incrementando recursos, no fue de aplicación local. Salta sigue dependiendo de recursos que recauda y coparticipa la Nación en una proporción que no se alteró en décadas; el Presupuesto 2018 -equilibrado y austero, como subrayaron los voceros del oficialismo- contiene un 77% de fondos federales.

En el turno de ponderar los esfuerzos para incrementar el gasto en salud y educación, los socios del Ejecutivo fueron confrontados severamente por la oposición, que bajó al terreno escabroso de la realidad las supuestas mejoras  contenidas en el proyecto que sería sancionado mañana. Los recursos que se invertirán en salud el año próximo, incrementados en más del 40% respecto del actual ejercicio fiscal, difícilmente podrán cubrir los mayores costos de los insumos. Se dijo en el recinto de sesiones que el precio de los medicamentos arrastra un ajuste del 300%, que licuan el mayor aporte a ese rubro.

La otra cara es una indiscutida baja en las partidas destinadas a obras públicas. Si bien se pretende financiar algunos caprichos, como la provisión de un nuevo medio de transporte de cable en la cumbre del Cerro Delta cuya licitación fue convocada para el 11 de diciembre próximo, la mayoría son obras de infraestructura social básica. Es el caso de las de agua y cloaca, que en realidad vienen encarándose con fondos de programas nacionales.

La inversión será ínfima. En el caso de viviendas, la baja –estimada en casi 500 millones de pesos- significa un 40% menos en la disponibilidad; queda la sensación que no se concluiría con las obras en marcha y se impone la certeza que no se iniciará una casa más, por lo menos hasta 2.020, cuando otro gobernador haya tomado las riendas. En obras viales se repite el escenario.

No es un presupuesto que permita celebrar nada, advirtió el oficialismo y ello no solo porque hay ajuste. Cierra un ciclo de doce años que no resolvió el problema de la pobreza.

Salta, 28 de noviembre de 2018

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