Daño

Opinion 27 de noviembre de 2018
Nuevamente se puso de relieve el retraso en el tratamiento, por parte de la Legislatura, de la Cuenta General del Ejercicio.
signo peso

La demora no se origina en las Cámaras sino en la remisión del informe por parte de la Auditoría General de la Provincia, que lo envía luego de tener el análisis y la documentación respaldatoria girados por la Contaduría General. Del análisis de las observaciones que efectúa este organismo, la morosidad se reclama a los distintos estamentos administrativos centralizados y descentralizados que no cumplen en tiempo y forma con su obligación de girar las correspondientes rendiciones.

La obligación emerge de la propia Constitución Provincial, que la incluye entre las herramientas para llevar adelante el control público. Es así que en el Artículo 169, que crea un modelo de control de la hacienda pública integral e integrado, impone como obligación de la Auditoría la de examinar e informar a la Legislatura, aconsejando la aprobación o desaprobación sobre la Cuenta General del Ejercicio, cuentas de percepción e inversión de fondos públicos y de cualquiera de los estados contables que se elaboren por la Administración Pública Provincial y Municipal.

En tanto, el Artículo 127, que determina las competencias del Poder Legislativo, impone no sólo la obligación de análisis sino plazos estrictos para que la legislatura trate la rendición de cuentas. El inciso 3 de ese artículo, señala que ambas Cámaras deben aprobar, observar o desechar anualmente la Cuenta General del Ejercicio que le remita el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, correspondiente al movimiento de la totalidad de la hacienda pública provincial realizado durante el año anterior. Y el año anterior, en este caso, es 2017, dato que debe destacarse ya que para su última sesión del período ordinario, Diputados tratará la Cuenta de 2014 y luego lo hará el Senado, ya que no pueden las Cámaras pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado ese informe.

Desde la oposición se han tomado iniciativas para tratar de regularizar una situación que compromete al Poder Legislativo. En julio pasado y con la autoría del bloque de la Unión Cívica radical ingresó al cuerpo un proyecto para que el Ejecutivo provincial, en un término de 60 días hábiles, presente las Cuentas Generales correspondientes a los Ejercicios, 2014, 2015, 2016 y 2017. Obviamente se destacaba que es una falta de respeto a la Legislatura y un incumplimiento de sus deberes constitucionales, la morosidad evidenciada. Además, en los fundamentos se señalaba que la rendición de cuentas es una obligación no sólo vinculada a una característica del sistema republicano, cuya ausencia es un importante factor de distorsión de la tarea que le cabe a los legisladores como encargados del control político de la gestión, sino que está también íntimamente relacionada con la tarea de aprobar el Presupuesto.

Es lo que emerge en este tramo de la actividad parlamentaria, que tiene como principal proyecto el cuadro de gastos y recursos con el que se manejará el Gobierno en 2019. La reiteración de la demora en dar cuenta de cómo se aplicó el presupuesto dentro de un sistema que amplía los poderes del Ejecutivo al permitirle mover partidas e ingresar recursos no computados en la aprobación legislativa, que gasta discrecionalmente, está tocando los límites de la tolerancia de la oposición y preocupa a parte del oficialismo.

Algunos diputados han puesto bajo un manto de sospecha la validez del presupuesto, al considerarlo una mala copia de esquemas anteriores cuya ejecución no fue controlada. La duda afecta el sistema institucional  porque daña la imagen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, frente a una Justicia que no se inquieta ante la inobservancia de la Constitución.

Salta, 27 de noviembre de 2018

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