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Opinion 26 de noviembre de 2018
Al borde que cierre el año, continúan las negociaciones salariales del Ejecutivo Provincial con los gremios que representan a sus trabajadores. El viernes pasado hubo una nueva reunión para trasladar una oferta que no satisfizo a la dirigencia sindical, cuya opinión perdió peso durante un período en el que hubo ya tres ajustes.
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Mientras las estimaciones privadas, en línea con las mediciones del INDEC anticipan que la inflación de 2018 superará el 40%, el incremento de los sueldos de los empleados públicos provinciales no llegó al 28%. En atención a ese relegamiento, el Jefe de Gabinete cerró la semana pasada con un ofrecimiento que elevaría el aumento anual al 32,5%, 10 puntos por debajo de la inflación nacional. Se trata solamente de un último tramo del 5% pero que se pagaría en marzo y abril del año próximo. En la comprensión que la crisis alcanza a todos, incluyendo al tesoro Provincial, una dirigencia devaluada se aviene a aceptarlo en tanto su pago se adelante para enero y febrero.

La práctica de cerrar la paritaria en febrero de cada año pero con una cláusula gatillo que se disparaba a mitad de año, se abandonó en 2.018, cuando se reemplazó esa herramienta con el compromiso de una evaluación en agosto. La propuesta se aceptó sin mayores reparos tras una semana de negociación frente a la exposición de un sombrío panorama en el que había que remontar un déficit de 4.500 millones de pesos. Los esfuerzos se trasladaron de la fijación de porcentajes a un saneamiento de las grillas salariales vigentes en el sector público. Se trabajó sobre actividad crítica, zona desfavorable, adicional por mayor jornada e, incluso, se puso en la bolsa de los acuerdos el pase a planta de personal que revistaba como contratado o monotributista. Cabe señalar que no todos los gremios prestaron su acuerdo pero la mayoría salvó la falta de unanimidad en torno de un 15% pagadero en cuatro tramos hasta setiembre. “La provincia está tratando de hacer un esfuerzo extremo, pero la plata no está”, decía por entonces el Ministro de Economía.

Lo que vino después fue el manejo de las cuentas públicas con riendas cortas para tolerar los cimbronazos de las políticas macroeconómicas. De allí que la mesa de análisis de agosto fue reemplazada por un decreto que dispuso anticipar, de setiembre a julio,  los tramos pendientes de pago del aumento inicial y aplicar un ajuste por decreto hasta diciembre para completar un 20%.

Los gremialistas, que ya habían pedido negociar un nuevo aumento, gritaron por lo bajo por la exigüidad del incremento. Las autoridades económicas explicaron que las nuevas subas implicaban una erogación de casi 500 millones de pesos, que –por otra parte- no estaban fijadas presupuestariamente.

El último esfuerzo se hizo en octubre pasado, mes en el que habitualmente el Ejecutivo Provincial solía anunciar el monto de un bono de fin de año para terminar de compensar el desfase inflacionario. Nuevamente por decreto decidió otorgar un incremento salarial a los trabajadores estatales, esta vez del 7,5 por ciento con el que el año va a cerrar con el 27,5 por ciento, a menos que avance –con o sin acuerdo gremial- la oferta de ese 5% a pagar en cuotas en 2019.

Hay un estado deliberativo en la dirigencia gremial. Corren contra reloj ya que la cercanía del fin de año condiciona las posibilidades de protesta, reducidas por el escaso predicamento de los sindicatos. En principio, hay un camino expedito para que el año cierre según disponga el gobierno.

Salta, 26 de noviembre de 2018

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