Pobreza

Opinion 23 de noviembre de 2018
La ministra de la Producción de la Provincia, que también lo es Trabajo y Ambiente, pasó sin mucho ruido por la Legislatura y se fue cargada con las inquietudes planteadas por diputados de Capital e del interior. A todas luces, Salta está fuera del mapa de los inversores -con excepción de las mineras interesadas especialmente en el litio- con lo que el crecimiento económico no puede ser un objetivo de corto plazo.
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La funcionaria tuvo la oportunidad de exponer como se observa la problemática en el marco de las exposiciones que el gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey realizó esta semana, como aporte al tratamiento del proyecto de ley de presupuesto para 2019. Paula Bibini explicó que los planes para el sector se montan en tres patas de financiamiento, cuya fortaleza es muy endeble.

Es de manual que el financiamiento de cualquier plan de desarrollo va a depender de inversiones privadas, aportes de Nación y fondos provinciales, tres fuentes que atraviesan severas dificultades y no dan certeza respecto de su magnitud. El resto está definido y hasta se podría considerar que minuciosamente, atento a que el Gobierno Provincial ha marcado las áreas en las que deben volcarse los recursos disponibles.

En consecuencia, la decisión se ajusta a lo que no puede realizarse para no complicar la situación. Especialmente se trata de no seguir presionando con impuestos a quién da trabajo, explicó la ministra, quien cuestionó la importante presión fiscal nacional y una política monetaria que interrumpe el acceso al crédito y encarece la adquisición de bienes de capital por la dolarización de la economía.

La opción es el apoyo a las pymes productivas, industriales y comerciales y especialmente, la asistencia a micro-emprendedores, porque los trabajadores del interior de la provincia no tienen mayores oportunidades para acceder al sistema económico. De allí que el perfil económico de Salta sigue aferrado a la explotación de sus recursos naturales.

Al conflicto con el ambiente que esta condición genera, esta gestión lo ha resuelto –y así lo explicó la ministra del ramo- asumiendo que no se puede detener la producción económica por demandas de ambientalistas. El concepto pasa por la necesidad de producir para poder comer y la convicción que  la Provincia es la dueña de sus recursos naturales.

Definida así la situación lo que queda es resolver las consecuencias de esta postura impidiendo la persecución de pequeños productores y familias agropecuarias que talan para subsistir, definiendo las zonas de desmontes con más precisión y aprovechando los beneficios que la legislación aporta a los bosques culturales.

Por otro carril deberá resolverse la dependencia de la Provincia de economías más desarrolladas, que internamente la colonizan con la introducción de productos que se consumen sin autoabastecimiento. Son aspectos que no se han resuelto en décadas de historia y que se encaran con planes espasmódicos que no terminan bien. Algunos terminan muy mal, como la expansión de parques industriales, que absorbió recursos y que actualmente es solo es un caso de corrupción en la Justicia.

Hay debates pendientes que han perdido oportunidades de llevarse adelante. El que viene y se planteará posiblemente la próxima semana en el recinto de la Cámara de Diputados, no será propicio ya que se trata de un proyecto de presupuesto para distribuir adecuadamente la pobreza.

Salta, 23 de noviembre de 2018

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