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Opinion 22 de noviembre de 2018
El que viene será un año de incrementos de carácter tributario y tarifario. Es lo que se concluye de los informes que se han sucedido esta semana respecto de los proyectos de presupuesto provincial y municipal 2019.
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Quien inscribió esta decisión en un marco conceptual fue el intendente capitalino Gustavo Sáenz. En declaraciones periodísticas formuladas por esta emisora dejó en claro el impacto que en el diseño y desarrollo de políticas públicas tiene la posibilidad de su financiamiento.

Sin ambages, reconoció que no es fácil gobernar con presupuestos acotados y no solo porque se atraviesa una etapa de ajuste. Los gobiernos municipales están en la base de la escala de gobiernos y sobre sus arcas solo hay un goteo de recursos. De la bolsa de ingresos, todo indica que es el Nacional el gobierno que acapara los recursos. Luego, los municipios deben esperar la decisión provincial para saber, en definitiva, cuántos fondos les destinarán.

En tiempos de crisis, estas maniobras se ponen en evidencia con claridad. Al respecto cabe recordar que en el presupuesto vigente, el Ejecutivo Provincial dispuso restar un punto y medio de la coparticipación municipal para engrosar el Fondo Compensador, que es una herramienta que maneja con absoluta discrecionalidad.

El sistema institucional tiene por abajo al gobierno municipal como estructura más cercana al ciudadano y por arriba a otras que, paradójicamente, son los filtros del reparto de recursos. Por ello es que el Intendente de la Capital declaró que los gobiernos comunales son la variable de ajuste pero reciben todas las demandas sobre cualquier área de responsabilidad del Estado. La falta de seguridad, el mal estado de los edificios escolares, el funcionamiento deficiente del sistema de salud y la pésima calidad de la prestación de servicios se reclaman en la Municipalidad. Y ese gobierno tiene facultades supletorias o complementarias, cuando no ninguna atribución que no sea elevar gestiones a otros estamentos de decisión.

Y en esa tarea, tironean de las alforjas de gobernadores y presidentes. Conocen los pasillos por donde transitan los dineros públicos y cada puerta que deben golpear. Y en sus agendas figuran los reclamos de una población  que solo es escuchada por el intendente. Por eso saben qué falta y por qué no se resuelven los problemas.

Sin embargo, ningún intendente de ningún municipio de la Provincia llegó a la gobernación. La experticia acumulada no es ofrecida como promesa de gestión de gobierno, Quizás el error es acumular mandatos, algunos en el afán de hacer lo que no pudieron en 4 años, y cuando se retiran son considerados por sus incumplimientos, que se interpretan como ineficiencia. Un ejemplo es el anterior jefe comunal capitalino, que tuvo que conformarse con una vicegobernación. Solo por ahora, ya que insiste en su pretensión de ocupar el Ejecutivo Provincial.

Quizás ese antecedente incentiva al actual intendente a buscar su ascenso mientras transcurre su primer mandato. Para cumplir con sus promesas no esperará que se derramen las migas de mesas mejor servidas y allegará recursos para avanzar en obras imprescindibles con el incremento de tasas que deben pagar los vecinos. La decisión es de los concejales, dijo.

Y es del pueblo de la ciudad, que puede entender que es el precio que tiene la solución de sus problemas citadinos o que solo se trata de pagar la ambición de un político.

Salta, 22 de noviembre de 2018

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