Análisis

Opinion 21 de noviembre de 2018
El gabinete del gobernador Juan Manuel Urtubey está informando a legisladores provinciales sobre el proyecto de presupuesto provincial de 2019. Es la tarea previa al dictamen y el tratamiento en el recinto, que se produciría el martes próximo y permite que diputados y senadores demanden obras y acciones para todo el territorio provincial.
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Estos encuentros, que concluirán mañana, han permitido el cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Provincial en la confección del presupuesto. Es así que senadores de distintos departamentos han denunciado que se incluyeron obras ya ejecutadas, dejando muchas dudas sobre las razones que llevaron a cometer lo que puede ser un error o una irregularidad.

También criticaron que en un presupuesto muy acotado se contemplen ingentes partidas destinadas a organizaciones no gubernamentales cuando hay áreas de gobierno cuyas carencias son desatendidas en la distribución de recursos. Particularmente la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Gladys Paredes, advirtió sobre esta situación que favorece a grupos privados mientras se mantiene en una relación precaria a trabajadores del Estado, especialmente en el interior de la Provincia. En ese orden, se apuntó al Ministerio de la Primera Infancia por los escasos resultados pese a la fuerte inversión que realiza a través de fundaciones y al de Salud, que no regulariza el nombramiento de personal del sector.

A la cabeza de los cuestionamientos se ubicó el acuerdo con la Fundación CONIN, con la que el Gobierno de Salta firmó en mayo de 2013 un convenio marco para el mejoramiento de la infraestructura de los comedores infantiles y merenderos salteños, su adecuación en instituciones de desarrollo comunitario y la futura aplicación de la Metodología de esa institución. La catarata de fondos que se volcaron en esas acciones es aprovechada, entre otras, por la Fundación Nutrir Salta, que administra cuatro centros infantiles que brindan un servicio que es responsabilidad excluyente del Estado.

Esta fundación se define como una organización no gubernamental, sin fines de lucro que aborda, bajo la metodología CONIN, la problemática de la desnutrición infantil desde una mirada integral. Un poco más de un millar de niños son atendidos en estos establecimientos en los que, junto a sus madres, reciben atención nutricional, estímulos psico-afectivos y motores, mientras se fortalecen los lazos familiares. Son enunciados para una problemática preocupante porque en Salta los niños siguen muriendo por desnutrición.

Ahora se ha sumado a los cuestionamientos el plan Alimendar, recientemente lanzado, que apunta a asegurar alimentos a población vulnerable. La primera acción fue el anuncio del envío de productos enriquecidos con proteína vegetal a instituciones y centros públicos de toda la Provincia. También se conoció que una fundación recibirá más de dos millones de pesos para enseñar a cocinar sano y barato en el marco del programa “Mi cocina, Mi familia”, generando críticas que no dejaron de lado la relación directa de los directivos de la beneficiaria, la ONG MA-BRA con el coordinador de Alimendar.

Los cuestionamientos no se limitan a la oposición; por el contrario, muchas de ellas partieron del oficialismo. Es que sobre las espaldas de este sector caerá el peso de la defensa de un proyecto que algunos legisladores consideraron invotable.

Salta, 21 de noviembre de 2018

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